Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos, ilustra con una cifra el por qué de la crisis: hay una demanda de 15.000.000 bombonas y apenas tenemos 3.000.000 disponibles, porque la industria está desmantelada
El señor pasaba los 80 años y la señora que lo acompañaba le pisaba los talones. Ella trataba de que no se cayera con el peso de una de las bombonas de gas de 10 kilos que llevaba sobre sus hombros.
Eran ya las 11:00 am. Ambos mostraban rostros llenos de arrugas, pero más que eso, de cansancio y de esa sensación de humillación que deja el tiempo pasado en una cola esperando para comprar comida y ahora las bombonas de gas.
Más de 7 horas estuvieron parados debajo del puente que divide las parroquias El Valle y Coche, hacia el suroeste capitalino. Esta pareja de ancianos no vive cerca. Está a una distancia de casi 11 cuadras, pero la necesidad tiene cara de perro callejero, como dicen en su barrio El Estanque.
Tienen que armarse de fortaleza y buscar cada 15 días esa bombona. Llevar hasta 20.000 bolívares en efectivo, porque nunca saben cuánto les va a costar el cilindro.
El precio regular de una bombona de 10 kilos es irrisorio. Ya casi nadie se acuerda. En esa misma cola donde estaban los abuelitos, más de uno tiró a pegar el monto: 3.000, 7.000, 15.000 bolívares.
Ninguno atinó a dar con el precio real. Pdvsa, el ente regulador, no ha hecho ajustes, y el Ejecutivo dejó en manos de los gobernadores la potestad para administrar las plantas de llenado y, por ende, su comercialización, so pretexto de enfrentar la escasez del producto.
Problema no resuelto, porque las colas persisten y las denuncias sobre el remarcaje de precios y la especulación llueven sin parar.
En Quinta Crespo, Goyo Zambrano, vecino de Santa Rosalía, dijo que una bombona de 43 kilos es vendida en 90.000 bolívares, dos salarios mínimos.
Mientras que Patricia Salas, habitante de Los Rosales, contó que los obreros del camión le dijeron que está en 40.000 bolívares y además le comentaron que tienen punto de venta.
Teresa Ochoa, de San Martín, manifestó que pagó 30.000 bolívares en efectivo por la de 10 kilos. “Nunca he tenido suerte de comprarla a las comunas. Es más barato, pero nunca puedo comprarla cuando ellos hacen el operativo”.
Hay zonas donde la gente paga dos o tres dólares para que se las suban al cerro, debido a que los camiones no están haciendo las rutas establecidas.
En Carapita, por ejemplo, hace tiempo que no ven pasar los camiones. Los vecinos tienen que ir a otras zonas como la avenida Morán -donde hay un mercado ilegal- para poder abastecerse.
De Antímano salen las gandolas llenas rumbo a la frontera con Colombia, donde venden el gas en 30 dólares, dicho por uno de los obreros. Situación irregular que no es atajada por el Gobierno Nacional. Mientras, en la población se genera desasosiego y amargura, no solo por la crisis económica, sino además por la precariedad y el colapso sistemático de los servicios públicos, en el que el suministro de gas no se queda atrás.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó durante el mes de agosto 59 protestas en varias comunidades demandando ese derecho y en las cuales además denunciaron el cobro del servicio en moneda extranjera, dólares y euros.
Señala el OVCS en ese mismo informe que, pese a los riesgos, algunas familias han optado por preparar los alimentos a leña, exponiendo su salud, integridad física y generando contaminación al ambiente.
Crisis al galope
Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos, ilustra con una cifra el por qué de la crisis: hay una demanda de 15.000.000 de bombonas de gas, y apenas tenemos 3.000.000 disponibles.
“Ya no se están produciendo, ya no hay cilindros y las empresas que hacían mantenimiento están paradas o trabajando en su mínima capacidad”, alertó.
La filial de Petróleos de Venezuela, Pdvsa Gas Comunal, mantenía para 2015 la información pública de que estaban operativas 65 plantas de llenado de gas licuado de petróleo (GLP) de un total de 91 plantas en todo el territorio nacional, y que además contaba con una flota de 448 chutos, 325 cisternas y 2539 camiones para el despacho de bombonas y granel, con lo cual podían atender a 4.694.673 familias mensualmente.
También para ese año daba cuenta de la fabricación o reparación de 337.432 bombonas, de 86.854 válvulas y de 303 tanques de diferentes capacidades para uso residencial, comercial e industrial.
Freites sostiene que hoy en día no se cubre la demanda porque no hay la capacidad instalada de la empresa, solo se produce 7 % de los que se necesita. “Esta crisis que se desató a partir de 2017 cuando el fallecido presidente Hugo Chávez intervino por primera vez la industria del gas”, que ahora lleva el apellido comunal.
Lo que ha hecho la empresa, por la situación de escasez en la periferia de Caracas, son jornadas a través del Clap, pero a decir de los vecinos “son políticas fracasadas, porque los líderes de calle controlan el suministro a discreción”.
Se cita un caso reciente ocurrido en la parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador, donde los representantes del consejo comunal Las 5 Raíces hicieron que los vecinos pasaran más de seis horas esperando al camión, y nunca les vendieron las bombonas de gas.
Depender de la recarga
El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), en su última encuesta del mes de junio que tomó como referencia siete principales ciudades del país, determinó que 8,2 millones de habitantes usan el gas doméstico en sus rutinas diarias.
Pero un dato importante es que, de esa población, 73 % obtiene el producto a través de la recarga de los cilindros.
Julio Cubas, presidente del OVSP, dijo que, de los usuarios del gas doméstico por bombona, 58 %, el equivalente a 4.000.000 de las ciudades evaluadas —entre ellas Ciudad Bolívar, Barquisimeto y San Cristóbal— dice que no recibe de forma oportuna la recarga y señala además que debe trasladarse a otros sectores para poder obtener el rubro.
Otro dato de interés del informe, que ratifica la denuncia de los vecinos, es que los precios estipulados se rigen por diferentes criterios, siendo uno de los más relevantes el hecho de que gobernaciones y gobiernos locales han tomado competencias en la distribución de gas durante los últimos meses, generando así diversidad de montos.
Sin embargo, en la última medición se observó que 7 % de usuarios -de algunas de las ciudades analizadas- realizaba el pago en divisas o moneda internacional, registrándose los mayores índices en las ciudades fronterizas del occidente del país, especialmente en San Cristóbal, con casi 40 % de ciudadanos que debe acudir a esta forma de pago para obtener la bombona de gas.