La juez Liliana Machado no admitió los delitos de agavillamiento y omisión al socorro. También desestimó la solicitud de las víctimas de cumplir la orden emitida por ese juzgado de trasladar a los acusados a Yare III
Siete meses después del asesinato de dos funcionarios de la Policía Municipal de Chacao, el pasado miércoles 23 de octubre el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Barlovento, admitió parcialmente la acusación del Ministerio Público contra seis miembros de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), procedimiento que da paso a la celebración de un juicio para los responsables de este suceso ocurrido en Guarenas el 6 de marzo de 2019.
La audiencia preliminar en la que se admitieron parcialmente los delitos contra los responsables del asesinato del funcionario Eligio Duarte y el exfuncionario Fernando Lira había sido diferida en seis oportunidades anteriores. Finalmente, el miércoles se realizó el acto legal, aunque los familiares de las víctimas denunciaron irregularidades.
Alexánder Efraín Uzcátegui Flores, Semmy Wladimir Prin Morales, Hugo Rafael Martínez Sánchez, Richard Alfredo Sánchez Pérez, Meyfer José Díaz López y Francisco Jesús Paredes Peña serán procesados por los delitos de homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.
La juez a cargo del tribunal cuarto de control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Barlovento, Liliana Machado, desestimó las acusaciones por agavillamiento y omisión al socorro que, al igual que los tres delitos admitidos, también les habían sido imputados por las Fiscalías 94° nacional y 10° estadal, ambas con competencia en derechos humanos.
La jueza Machado también se opuso a la solicitud de las víctimas de que fuese ejecutada la orden judicial emitida por ese mismo juzgado en abril, durante la audiencia de presentación, que establece el Internado Judicial Yare III como centro de reclusión para los imputados.
Los familiares de las víctimas también informaron que, a pesar de estar detenidos y ser imputados, los acusados siguen usando el uniforme de las FAES con el cual se han presentado en los tribunales de Guarenas en todas las oportunidades.
Vale resaltar que por ese doble homicidio, también fue imputado con posterioridad por los mismos cinco delitos el funcionario activo de las FAES y actual director de la Policía Municipal de Brión (Higuerote), José Miguel Oliveros Gómez, quien según el reporte de armas de las FAES-Miranda, tenía asignada ese 6 de marzo de 2019 la subametralladora H&K, modelo MP5A3, de la cual se colectaron 14 conchas en el lugar de los hechos, y la experticia balística de su uso arrojó resultado positivo, de acuerdo con el expediente.
Sin embargo, a petición de la fiscal Clarissa Espinoza, la jueza Liliana Machado otorgó medida cautelar sustituva de privativa de libertad para Oliveros Gómez, sobre quien ya pesa una sentencia condenatoria a cinco años de prisión por homicidio calificado.
A pesar de eso y contrariamente a lo establecido en las leyes venezolanas, sigue siendo funcionario policial y ostenta el cargo de director de un cuerpo municipal.
En los informes de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet señala a las FAES como «responsable de ejecuciones extrajudiciales con apoyo de funcionarios de alto rango del gobierno de Nicolás Maduro» y en el escrito recomienda que ese cuerpo sea desactivado.
Lidk Rodelo
