El éxodo en Venezuela no cesa. Y en los países de acogida, la factura social y económica se dispara. Con el objetivo de movilizar a la comunidad internacional y canalizar recursos hacia Colombia y el resto de Estados vecinos, la Comisión Europea, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones celebran este lunes y martes en Bruselas una Conferencia Internacional de Solidaridad. La iniciativa, que cuenta con más de 500 participantes registrados, ha sido impulsada por Federica Mogherini, Alta Representante de Política Exterior de la UE. Tanto Europa como Naciones Unidas temen que varios países cierren sus fronteras al paso de venezolanos, lo que podría agravar la situación interna de Venezuela y dejar a muchas de las personas que emigran sin la protección necesaria, expuestos a redes de paso ilegal.
Más de 4,5 millones de venezolanos han salido ya del país y el 80% se ha quedado en la región, según datos de ACNUR. Ecuador (con 300.000 venezolanos en su territorio), Perú (800.000) y Chile (290.000) han endurecido recientemente los requisitos para permitir la entrada de venezolanos, según uninforme de la misma agencia. Pero la fuga continúa y se extiende hacia otros países latinoamericanos: personas que cruzan a pie o en autobús de Venezuela a Brasil vuelan después a Argentina (donde hay 130.000 venezolanos). Según los organizadores de la Conferencia, la crisis migratoria es la mayor vivida por Latinoamérica en la historia reciente y la segunda mayor del mundo en estos momentos, solo por detrás de Siria.
Sin embargo, fuentes del departamento de Mogherini reconocen que la cita en Bruselas «no responde solo a una preocupación humanitaria sino también a un razón pragmática». La UE cree que el imparable flujo migratorio venezolano puede desestabilizar una zona donde algunos países europeos, entre ellos España, cuentan con importantes intereses económicos.
