En los primeros nueve meses de 2019 se registró un aumento de 508% en los casos de víctimas de torturas en Venezuela por parte de los organismos de seguridad del Estado.
Esta cifra la señaló el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos en un informe sobre las violaciones registradas entre enero y septiembre de este año.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas encabezan la lista que refleja el ascenso del terrorismo de Estado en Venezuela.
Los casos ocurridos hasta los momentos superan sustancialmente los registrados en 2018, cuando el programa contabilizó un total de 109 personas afectadas por torturas.
En los primeros nueve meses del año se denunciaron 34 casos de torturas, que incluyeron 554 víctimas individualizadas.
«Es el registro más alto documentado por Provea en 31 años de monitoreo del derecho a la integridad personal en el país», señaló el informe.
El número pudiera ser mayor
El Provea, no obstante, presume que el número de agraviados pudiera superar la cifra que maneja debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo y el temor para denunciar.
Señaló la ONG que 98,55% (546) de las víctimas individualizadas fueron hombres, mientras que 0,90% (cinco) fueron mujeres. En el restante 0,54% (tres) de las víctimas no pudo identificarse el género.
Provea precisó que las edades de las víctimas oscilaron entre los 18 y los 50 años de edad.
Agregó que la mayoría de las lesiones infligidas a estas personas consistieron en golpes, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, patadas e insultos.
Del total de las víctimas contabilizadas entre enero y septiembre, 408 fueron privados de libertad por delitos comunes; 124 militares detenidos por supuesta conspiración contra Nicolás Maduro y otros 22 civiles detenidos por razones políticas.
«La tortura en Venezuela se convirtió en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención», denunció Provea.
Aseguró que el régimen de Maduro institucionalizó la tortura y ahora forma parte del repertorio represivo que emplean las autoridades.
La organización también expuso que la violencia institucional es empleada en comunidades pobres y cárceles del país como un mecanismo de control social.
