Funcionarios de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, que responde a Juan Guaidó, se reunieron este viernes con 50 venezolanos recluidos en un centro para inmigrantes en el sur de Florida, a los cuales encontraron en general «bien», aunque quejosos de lo prolongado de su reclusión, según dijeron a Efe.
El ministro consejero de la Embajada, Gustavo Marcano, y el director de Asuntos Consulares, Brian Fincheltub, realizaron una visita al Broward Transitional Center con el fin de verificar la situación de esos venezolanos que tienen órdenes de deportación o esperan respuesta a su solicitud de asilo político.
La Embajada, según dijo a Efe su director de comunicaciones, Johan Merchán, conoce y está pendiente de los casos de unos 900 venezolanos que se encuentran en centros de detención para inmigrantes en EE.UU., la mayor parte de ellos en los estados de Luisiana y Texas (40 y 36 % del total, respectivamente).
Como pueden surgir más casos, agregó Merchan, se ha creado el correo mandatory.notifications@us.embajadavenezuela.org, para que los familiares de venezolanos detenidos por razones migratorias en este país suministren sus datos a fin de que la embajada pueda ayudarles.
Marcano, Fincheltub y sus acompañantes se reunieron por separado con las 16 mujeres y los 34 hombres venezolanos que están detenidos en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, al norte de Miami, para escucharlos.
Entre ellos hay personas que están allí desde hace solo unos 20 días, pero hay casos de detenidos hace ocho meses porque sus procesos se han retrasado o no pueden afrontar el pago de fianzas de 15.000 a 40.000 dólares para poder esperar en libertad el curso de los procesos legales o de asilo, explicó.
La situación es peor en Luisiana, dijo el responsable de comunicación de la embajada, porque en ese estado la legislación es más estricta en lo que se refiere a conceder permisos a los migrantes para esperar en libertad el curso de sus procesos.
En un mensaje de Twitter, Marcano pidió este viernes que los casos de Luisiana sean «revisados y se establezca una política que permita a nuestros ciudadanos continuar sus respectivos procesos en libertad».
