«Denunciamos que el Gobierno Bolsonaro tiene en marcha un proyecto político de genocidio, etnocidio y ecocidio», dice el documento final de una cumbre realizada en una reserva de la Amazonia
Casi 40 años han transcurrido desde la última vez que líderes indígenas de Brasil se reunieron en una cumbre de esta magnitud. Fue en los ochenta para asegurarse de que eran incluidos en el proceso constituyente tras la dictadura. Ahora, más de 500 representantes de los diversos pueblos que viven en la selva tropical se han reunido durante cuatro días en una reserva de la Amazonia para acordar estrategias y organizar un movimiento de resistencia a los planes del Gobierno de Jair Bolsonaro de asimilarlos y autorizar la explotación comercial de sus tierras. «Denunciamos que el Gobierno Bolsonaro tiene en marcha un proyecto político de genocidio, etnocidio y ecocidio», afirman en el documento final acordado el viernes por la noche.
Añaden que los derechos de sus comunidades están amparados por la Constitución y que «las amenazas y el discurso de odio del gobierno actual están promoviendo la violencia contra los pueblos indígenas». La versión definitiva del texto, negociado durante horas, tiene cuatro páginas y está escrita en portugués, segunda lengua y única común de los reunidos.
“Este encuentro no es para planear una guerra, un conflicto. Estamos aquí para defender a nuestro pueblo, nuestra causa y nuestra tierra”, proclamó en la apertura el veterano Raoni Metuktire, de unos 89 años, convocante del encuentro y quien popularizó en los noventa de la mano de Sting la necesidad de preservar la Amazonia.
Los indígenas buscan unidad porque el desafío que afrontan es mayúsculo. A los estragos de la crisis climática, que se siente en sus tierras como en otros rincones del mundo, se une un presidente que, por encima de consideraciones ambientales para asegurar la preservación de la Amazonia, quiere promover el desarrollo económico en reservas indígenas. El Gobierno que dirige ultima un proyecto de ley para autorizar en ellas la minería, la extracción de petróleo y gas y la construcción de hidroeléctricas, según un borrador publicado por el diario O’Globo.
