Luego de 17 años sin visitar Venezuela, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está lista para arribar este martes al país para tratar de ingresar con el objetivo de reunirse con víctimas de abusos, pese a la negativa del gobierno del presidente Nicolás Maduro, informó un despacho de la agencia Efe.
Maduro ha dejado claro que su gobierno «en ningún momento» ha invitado a la Comisión, por lo que la visita cuenta solo con la autorización del diputado Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por casi 60 países, quien ratificó la invitación luego de conocerse la negativa del Ejecutivo chavista.
Agenda desconocida
Hasta ahora, la CIDH ha mantenido su agenda «privada», pero una fuente aseguró a Efe que la delegación prevé arribar a Venezuela este martes, tal y como confirmó luego el comisionado de Guaidó para los derechos humanos, Humberto Prado.
La comitiva está integrada por la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena; el secretario ejecutivo, Paulo Abrão; y el comisionado Francisco Eguiguren Praeli, y aunque su agenda se mantiene bajo reserva «se les pidió que dieran una rueda de prensa», al final de la semana, adelantó Prado. «Este informe no prevé sanciones a los funcionarios del gobierno de Maduro. Solo busca mostrar la situación de derechos humanos en Venezuela», detalla Prado.
Las ONG
Un grupo de organizaciones no gubernamentales se mantiene alerta ante la posibilidad de que no les permitan el acceso a la CIDH al país, al considerar que esta visita es una «oportunidad única» para que quienes hayan sido afectados por el Estado puedan denunciarlo en un ambiente seguro. «Negar el ingreso a Venezuela de la CIDH es negar a las víctimas la posibilidad de obtener justicia y alentar la impunidad», expresó en Twitter la organización Cofavic, que por más de 30 años ha denunciado irregularidades por parte de los Gobiernos y sus autoridades.
Por su parte, la organización Provea criticó la negativa expresada por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en nombre de la llamada revolución bolivariana. «Nada extraño de una dictadura que asesina a los jóvenes en las zonas populares con el escuadrón de la muerte llamado FAES, que practica la desaparición forzada y la tortura, mantiene cerca de 400 presos políticos, aumenta la miseria y la exclusión», comentó Provea, que considera al Ejecutivo chavista un «Gobierno de facto».
Además, la asociación Acción Solidaria, que defiende a las personas con VIH, también espera que se concrete esta visita y ha advertido que no se deben tomar represalias de ningún orden «en contra de las personas o entidades que hayan cooperado con la CIDH mediante informaciones o testimonios».
Enemistad con la OEA
El diputado Saúl Ortega ha sido hasta ahora el único dirigente chavista que asegura se le prohibirá el acceso a la comitiva de la CIDH. «No van a ingresar, esto es un Estado serio. Ya lo dijeron las autoridades y punto. Se quedarán con las ganas y punto», dijo Ortega a la emisora Unión Radio, como presidente de la comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente.
