Oficiales de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), han sido acusados de torturar y realizar ejecuciones sumarias
El pasado mes de noviembre, la agencia de noticias Reuters publicó una investigación sobre 20 muertos atribuidos a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en la cual las versiones oficiales de tiroteos como actos de autodefensa se contradicen con la de testigos, evidencias en video, certificados de defunción, informes de autopsia y otras documentaciones. La fuerza se ha relacionado con cientos de muertes desde su creación en 2017.
Sin embargo, pese a su notoriedad, el grupo FAES es muy reservado y es conocido por sus máscaras y uniformes negros con insignias de calavera, pero sin llevar etiquetas con sus nombres. Los oficiales suelen permanecer en el anonimato incluso después de derramar sangre.
Ahora, un caso judicial que involucra a las FAES en la muerte de dos hombres el pasado marzo revela otro hecho poco conocido que la agencia Reuters es el primero en ofrecer de manera pública: algunos oficiales del escuadrón son criminales condenados.
Según cientos de documentos reservados presentados por los fiscales del caso, al menos dos oficiales procesados por participar en las muertes cumplieron penas de prisión antes de unirse a las FAES.
Los documentos, que incluyen autopsias, informes balísticos, testimonios de oficiales y archivos de personal, muestran también que por lo menos tres miembros del mismo grupo, que no están siendo procesados por la mortal operación, tienen antecedentes penales.
Es ilegal y contrario a la política de la policía nacional la presencia de delincuentes en las FAES. Una ley de 2009 prohíbe a los venezolanos con condenas penales trabajar como agentes. Las normas del grupo y los documentos de reclutamiento, revisados por Reuters, dicen que los oficiales no deben tener antecedentes penales y sí tener “buen carácter moral”.
José Domínguez, jefe nacional de las FAES, dijo a Reuters en un breve intercambio de mensajes de texto que los miembros de la fuerza pasan por “procesos selectivos” y “entrenamiento especial”. No respondió a preguntas sobre los antecedentes penales de algunos policías del grupo ni a una solicitud para discutir los hallazgos de Reuters en persona o por teléfono.
El Ministerio del Interior, que supervisa a la policía, y el Ministerio de Información, responsable de las comunicaciones gubernamentales, no devolvieron las llamadas y correos electrónicos de Reuters detallando sus hallazgos.
La presencia de convictos dentro de las filas de las FAES arroja nueva luz sobre una fuerza de seguridad ampliamente considerada por los venezolanos como un mecanismo de control social de Maduro, cuyo gobierno está asediado por el declive económico, el hambre, la inseguridad generalizada, las sanciones internacionales y el aislamiento.
Defendido por el presidente como un nuevo medio para combatir el aumento de la delincuencia y la violencia, las FAES se han vuelto tan temido como los criminales a los que estaba destinado a combatir, especialmente en las barriadas pobres, donde las dificultades avivan la inestabilidad política.
Personas familiarizadas con las FAES dicen que los administradores del grupo están más preocupados por la fuerza y el miedo que por la rectitud. “Ellos veían la necesidad de contratar personas que no tengan temor de cometer delitos, de ingresar a una vivienda sin orden de allanamiento y matar”, dijo Nora Echávez, exfiscal jefe en Miranda, el estado donde se escucha el caso judicial en curso.
“Un delincuente hace esto fácilmente, porque ya lo hizo la primera vez”, agregó.
Reuters no pudo determinar exactamente cuántos exconvictos pueden estar trabajando dentro de las filas de las FAES en todo el país. El gobierno no hace públicos los registros de personal y ni siquiera el número de integrantes, que según estiman miembros de la policía, es de unos 1.500 oficiales.
El misterio que rodea a la fuerza, incluida la falta de transparencia sobre sus oficiales, es fundamental en su manual.
En anonimato
“Las FAES prefieren el anonimato”, dijo Javier Gorriño, un criminólogo y comisionado de policía municipal en El Hatillo, que ha interactuado con la fuerza. “Una máscara da más terror cuando uno no sabe quién está detrás”.
El caso que se sigue en Guarenas es uno de los pocos en los que la identidad y los antecedentes de los oficiales de las FAES han salido a la luz.
Los dos hombres muertos allí estaban relacionados con las fuerzas de seguridad. Uno era un policía municipal de Caracas y el otro era un exmiembro de la misma fuerza en la capital venezolana. Ninguno de los dos estaba afiliado a las FAES ni a ninguno de sus oficiales.
Personas familiarizadas con el caso creen que, probablemente, la única razón por la que sus muertes han provocado una mayor investigación son los vínculos de las víctimas con la policía. Los casos de miles de otros venezolanos que murieron a manos de cuerpos policiales, supuestamente después de resistirse a un arresto, habitualmente no se investigan.
Alexis Lira, un antiguo policía convertido en abogado, cuyo hermano fue una de las víctimas en Guarenas, dice que la mayoría de las familias de personas muertas a manos de policías carecen de recursos y medios para desafiar las versiones de los operativos de las FAES. “La mayoría de las víctimas tienen que aceptarlo”, dijo Lira, quien ahora pasa gran parte de sus días trabajando con los fiscales para buscar la responsabilidad por la muerte de su hermano.
RECUADRO
En Guarenas
Su hermano Fernando era un expolicía de 39 años que se había convertido en diseñador gráfico. También murió el amigo de Lira, Eligio Duarte, un funcionario municipal de 41 años en Caracas. Ninguno de los dos tenía antecedentes penales.
Murieron el 6 de marzo de 2019, cuando un grupo de oficiales de las FAES les disparó tras una breve persecución en auto. En un comunicado a los investigadores policiales, el supervisor de la fuerza que dirigió la operación dijo que los hombres habían disparado primero contra sus agentes.
La respuesta de la policía fue “bajo estado de proporcionalidad”, dijo el supervisor en su declaración.
No obstante, pronto surgieron pruebas de lo contrario. Las pruebas forenses mostraron que ni Lira ni Duarte, que habían ido a Guarenas a cobrar un dinero debido a la novia del primero, dispararon un arma.
