MONTEVIDEO. El nuevo presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN, centroderecha), recibió este domingo la banda presidencial de manos del hasta este domingo mandatario Tabaré Vázquez en una ceremonia celebrada en la Plaza Independencia.
En presencia de 120 delegaciones llegadas de todo el mundo, el que fuera primer presidente de izquierda en Uruguay por el Frente Amplio (FA), entregó la banda en una ceremonia simbólica después de que ambos caminaran varios metros juntos hasta el escenario, situado a los pies de la estatua del prócer José Artigas.
Tras el desfile de Lacalle Pou y Argimón por las calles de Montevideo, los mandatarios saliente y entrante se encontraron en la Plaza Independencia, donde Vázquez, con la banda puesta, se agarró del brazo derecho de su sucesor y caminaron juntos hasta el estrado, donde se procedió al traspaso de mando.
Posteriormente, el ya expresidente de Uruguay abandonó en solitario la plaza, tras recibir honores militares, antes de que todos los ministros del nuevo Ejecutivo tomasen posesión de sus cargos.
Once hombres y dos mujeres conforman este gabinete, que, como planteó Lacalle Pou cuando lo hizo público a mediados de diciembre pasado, apostará al “diálogo, siempre presente y necesario”.
En el nuevo Gobierno hay siete integrantes del PN, tres del Partido Colorado (PC, centroderecha), dos de Cabildo Abierto (CA, derecha) y uno del Partido Independiente (PI, centroizquierda).
Solo el Partido de la Gente (PG, derecha), quinto integrante de la coalición que sostiene el Gobierno de Lacalle Pou, no tiene representación ministerial.
Desafíos y 1er paro
Lacalle Pou, que asume la presidencia en un país con una economía estancada, un déficit fiscal del 4,6% y un aumento del desempleo, anunció que tomará medidas inmediatas en varios frentes, desde reducir el gasto público hasta facilitar la inmigración o combatir la inseguridad.
Uno de sus primeros desafíos será que se apruebe la Ley de Urgente Consideración (LUC), con 457 artículos que tratan asuntos como la seguridad, la economía y la educación. Este proyecto, que el Parlamento debería aprobar en un máximo de 90 días, ya ha generado protestas desde varios sectores y ha llevado al sindicato docente a convocar un paro para el 12 de marzo.
