La medida fue aprobada por el Consejo Legislativo en enero y publicado en Gaceta Oficial en febrero de este año, pero no había sido notificada al sector transporte, quienes se vieron sorprendidos con el pago de este nuevo tributo, que incrementa el costo de las operaciones portuarias desde La Guaira
Consolidadores de carga y empresas de transporte pesado deberán cumplir con el pago de 100 dólares, bajo el concepto de “aporte social”, por cada contenedor de carga que movilicen en las vías urbanas y periféricas del estado Vargas. La orden, emitida por el gobierno regional, entró en vigencia el pasado martes 5 de mayo, tomando por sorpresa a las empresas del ramo aduanero e importador.
El cobro es realizado por una de las empresas que ha registrado el ejecutivo regional litoralense, Vargas Containers C.A. Rif G- 200125250, que instaló un punto de venta en la zona de taquillas únicas que opera el Seniat en el puerto guaireño. El monto de 100 dólares deberá ser cancelado en bolívares, de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela, y ningún contenedor podrá salir del puerto sin haber cancelado esta nueva obligación.
Esta nueva erogación tiene como respaldo legal el decreto 037-2020, en el que se explica que el tributo fue aprobado el pasado 23 de enero por el Consejo Legislativo del estado Vargas y solicitado por el gobernador Jorge Luis García Carneiro, donde se establece que “Vargas Containers Compañía Anónima, percibirá un aporte social, por el uso superficial y traslado de contenedores en las vías terrestres de la jurisdicción del estado”.
El decreto fue publicado en Gaceta Oficial el pasado 11 de febrero. Aunque la gaceta no estipula el monto del aporte social, se pudo conocer que la misma fue establecida a partir del lunes 4 de mayo en 100 dólares.
La medida sorprendió a las empresas del sector aduanero e importador, pues no habían recibido copia de la Gaceta Oficial. Sin embargo desde el gobierno regional indicaron la legalidad del mismo.
“Desde el gobierno regional debemos garantizar la entrada de ingresos para dar atención a la vialidad, que se deteriora muy rápidamente por la circulación de la carga pesada. Además, el aporte social es utilizado por la gobernación en dar respuesta en ayudas sociales a través de Vargas Salud y así seguiremos garantizando atención a los sectores más vulnerables”, explicó vía telefónica el procurador Pedro Rodríguez, quien aparece en el decreto como uno de los responsables en su ejecución.
No obstante, desde el sector gremial empresarial tienen una visión distinta y ven este nuevo cobro como un obstáculo competitivo que se le suma a las operaciones portuarias desde La Guaira, al tiempo de encarecer todo el proceso en medio de la cuarentena decretada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“Imponer este nuevo pago afecta a todos. Al consumidor porque va a la estructura de costos del importador o exportador, quien al final paga la tarifa, y afecta el flujo de caja del transportista, que tendrá que disponer de una cantidad indefinida en bolívares para garantizar los 100 dólares a tasa oficial para el pago. Además, afecta al agente de aduanas, porque es un trámite adicional a los ya existentes. Por último podría afectar a toda la cadena logística en Vargas, si el agente de aduanas, el transporte terrestre o el consolidado, deciden migrar a otro puerto, pues sería un cobro que, por ejemplo, no existe en Puerto Cabello”, analizó la expresidenta de Consecormercio, Cipriana Ramos.
Lo expuesto por Ramos, coincide con la opinión de transportistas consultados. “Lamentablemente, esos 100 dólares le suman otro problema al ya complicado rubro de transporte de carga. Poco combustible y trámites más engorrosos y costosos. Muchos prefieren tener los camiones parados ante esta situación”, aseguró Agustín Mayora, propietario de una pequeña empresa de carga.
Nadeska Noriega/El Pitazo
