La Síndico Procuradora del Municipio Bolivariano Libertador, Cristina Fazzina, realizó una “inspección técnica” en el lugar. “Ella llegó y nos dijo que las personas que están en el edificio tienen una lucha válida, que es pedir viviendas, pero que iba a garantizar que nuestros bienes no fueran violentados y no nos robaran nada”, explicó uno de los propietarios afectados
El ruido de martillazos provocó alarma entre los vecinos de la avenida Presidente Medina, al sur de Caracas, la madrugada del domingo 17 de mayo. Testigos aseguran que un grupo de personas se abrió paso con mandarrias –mazos de hierro- para entrar a los edificios Domus I y Domus II, donde funcionan empresas de manufactura textil.
“Nos llamaron y los vecinos nos dijeron que escuchaban cómo martillaban las paredes. Se metieron a las 2:00 de la mañana, abrieron boquetes en la parte de atrás del edificio”, relata la propietaria de una de las 15 empresas de la rama textil (producen ropa, hacen estampados y bordados) que funcionan en las dos torres.
La invasión pone en riesgo 120 empleos directos, dice la fuente, que pide proteger su identidad por temor a represalias. “Nos están quitando nuestro derecho a trabajar, a producir por el país, nos están quitando el sustento a muchas familias. Nosotros pagamos impuestos, pagamos servicios, tenemos todo en regla. Si el edificio estuviese vacío, no te lo discuto, pero el edificio está operativo, no hemos dejado de venir a pesar de las limitaciones de la cuarentena”, afirma.
Las personas que tomaron las torres responden que no tienen viviendas y que son ignoradas por las autoridades. “Llamamos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y nos dijeron que no podían hacer nada, estamos totalmente desasistidos. Otro de los propietarios dijo que fue a la Fiscalía y a un comando de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a poner la denuncia y lo ignoraron”, señala la afectada.
Los dueños no tienen acceso a los edificios porque los nuevos ocupantes cerraron las entradas con cadenas y candados. Una funcionaria de la Alcaldía de Caracas, Cristina Fazzina, visitó el lugar la tarde del domingo.
La abogada, que se presentó como la Síndico Procuradora del Municipio Bolivariano Libertador, fue nuevamente el pasado lunes 18 de mayo para hacer una “inspección técnica”. “Ella llegó y nos dijo que las personas que están en el edificio tienen una lucha válida, que es pedir viviendas, pero que iba a garantizar que nuestros bienes no fueran violentados y no nos robaran nada. Nos pidió información de cada una de los dueños de las empresas y nos dijo que no podíamos ingresar al inmueble cuando le pedimos ver en qué condiciones están nuestros locales”, afirma la propietaria.
Amenazas cumplidas
Las amenazas de invasión comenzaron hace dos semanas. Los vecinos alertaron que personas extrañas merodeaban cerca de la propiedad privada y en una ocasión intentaron forzar la entrada.
Otro de los inquilinos, que también pide reservar su identidad, confirma que recibió una llamada de la conserje la madrugada del domingo 17 de mayo, con la que le avisó que el edificio había sido tomado.
Afirma que la empleada se niega a dejar el inmueble, a pesar de haber sido amenazada, por temor a perder sus pertenencias. “Estamos tremendamente angustiados porque estas personas ya entraron a los locales y están hurgando en nuestra propiedad privada. Tememos que se extravíen documentos importantes, como nuestros contratos de alquiler y las agendas telefónicas donde tenemos información sensible”, afirma una persona que tiene una empresa que se dedica a prestar servicios de bordados al mayor y fabricación de prendas de vestir. “Como inquilino de uno de estos espacios te digo que nos preocupa nuestra integridad, hemos sido amenazados, y nuestras empresas, que son nuestro sustento. Hay cerca de 15 empresas y más de 100 empleos que están siendo perjudicados”, lamenta.
Ibis León/Efecto Cocuyo
