Los refugios Luisa Cáceres de Arismendi, Monteverde y Casa del Niño, Niña y Adolescente albergan a 90 familias que quedaron damnificadas desde entre tres y once años
Entre filtraciones, humedad, ratas, sin atención médica ni social y con privacidad limitada, denuncian que viven unas 90 familias damnificadas que llevan entre tres y once años viviendo en refugios en Guarenas, estado Miranda, por lo que solicitan al gobierno de Nicolás Maduro les sean adjudicadas sus viviendas.
Se trata de 55 familias que residen en las instalaciones de la antigua Casa Taller Luisa Cáceres de Arismendi, en el sector Oropeza Castillo; 29 que están albergadas en el refugio Monteverde en el casco central y otras seis que fueron alojadas en la Casa del Niño, Niña y Adolescente, en el sector El Parque.
Todos ellos perdieron sus viviendas como consecuencia de las lluvias en diferentes años y momentos. Quienes llevan más tiempo, están damnificadas desde la vaguada de noviembre de 2010. Aclararon que son revolucionarios y apoyan el gobierno de Nicolás Maduro.
“Ya tenemos varias semanas viendo al presidente Nicolás Maduro entregando viviendas. Nosotros como venezolanos también tenemos derecho a una vivienda digna y queremos que sepa lo que está pasando en Guarenas, donde muchos de nosotros ya tenemos 11 años siendo burlados porque no nos prestan atención”, recalcaron.
Condiciones de inhabitabilidad
En una visita realizada por el Diario La Voz a la Casa Taller Luisa Cáceres de Arismendi, donde se reunieron representantes de los tres refugios, las personas afectadas mostraron las condiciones en las que habitan en estos albergues que, de acuerdo con las leyes venezolanas vigentes, su estadía y permanencia no debería ser mayor a seis meses.
Entre las principales afecciones de los refugios están las filtraciones. Los frisos de techos y paredes se desprenden constantemente. “Aquí hay platabanda, pero cuando llueve cae más agua dentro que afuera, el olor a humedad es muy fuerte, los niños se nos han enfermado. Los asmáticos no puede vivir aquí”, detallaron.
En cuanto a la insalubridad, manifestaron que hay inspector y roedores permanentemente en el lugar. “Aquí nos pasan las ratas del tamaño de un gato. Se nos meten cucarachas, arañas, cualquier cantidad de animales que así no se puede vivir”, destacaron.
Estafados
Entre las familias afectadas, seis de ellas mostraron documentos notariados de unos apartamentos que les fueron asignados en el Urbanismo Santa Cruz de la Misión Vivienda, ubicado en la Avenida Intercomunal, frente a Nueva Casarapa.
“Esos mismos apartamentos se los asignaron a otra familia y a nosotros nos dejaron aquí tirados. Nos sentimos estafados, burlados”, enfatizaron.
Aseguraron sentirse cansados por la falta de respuestas. “Nos han hecho ya no se cuántos censos, nos prometen y después se olvidan de nosotros. Queremos que de verdad se aboquen y podamos establecer un plan de trabajo para que progresivamente se nos vayan asignado las viviendas según sean los casos más prioritarios”, manifestaron.
“No somos invasores”
El pasado miércoles 10 de junio, un grupo de refugiados fueron al urbanismo Santa Cruz de la Misión Vivienda a pedir respuesta por los apartamentos asignados, según documentos notariados que les fueron entregados en el año 2018.
“Nos trataron de invasores. Nosotros no somos invasores, somos damnificados, refugiados que estamos reclamando nuestros derechos”, reiteraron.
Para el jueves 11 de junio fueron citados a una mesa de trabajos en la que estaría el presidente del Instituto de Vivienda y Hábitat del municipio Plaza, José Moreno, junto a representantes de vivienda de la gobernación de Miranda. Sin embargo, no acudieron al lugar y las personas aseguraron que los dejaron embarcados.
Nuevamente fueron citados para este lunes 15 de junio por las autoridades gubernamentales. Manifestaron su disposición a participar en las mesas de trabajo, pero también señalaron que están dispuestos a tomar acciones más contundentes para ser escuchados.
