«Es repetitivo que en la región, mueran personas en procedimientos y el alegato siempre es confusión o enfrentamiento; lo cual, es intolerable e inaceptable», reza un comunicado de la agrupación
El Frente Amplio Cristóbal Rojas repudia el homicidio de los hermanos Arquímedes Villaparedes Rivas (45) y Benigno Villaparedes Rivas (46), ocurrido el miércoles 10 de junio en la comunidad El Cementerio de Charallave, durante lo que consideran un procedimiento policial irregular.
«Según los testimonios que dieron los vecinos, a eso de las 6 am, se escucharon unos disparos, lo que causó pánico. Una vez se disiparon las dudas sobre el motivo de las detonaciones, pudieron comprobar que las mismas fueron producto de un procedimiento policial en el sector, en el que fallecieron estos dos hombres. Hasta el momento, se desconocen mayores detalles; sin embargo, los vecinos afirman que los presuntos funcionarios se llevaron pertenencias de los occisos y hasta unos gallos de pelea”, señala un comunicado del FAVL enviado al Diario La Voz.
Los voceros, representados por los partidos politicos, la Plataforma Nacional de Conflicto, movimientos, gremios y sociedad civil repudian el hecho «que es repetitivo en la región, donde personas mueren en procedimientos y el alegato siempre es confusión o enfrentamiento; lo cual, es intolerable e inaceptable».
«Los hermanos Villaparedes gozaban del aprecio de la comunidad, que da fe de su buena conducta, y eran reconocidos como padres de familia que pierden la vida dejando huérfanos a sus hijos y un gran dolor entre sus deudos y allegados», acota el comunicado.
Los miembros del frente amplio solicitan que se abra una investigación al caso y se determinen las responsabilidades. «Hace dos años sucedió algo parecido en el sector Plaza Páez y no hubo respuestas. Vayan nuestras palabras de condolencia a la familia Villaparedes Rivas y a la comunidad El Cementerio, por tan lamentable pérdida. Desde el Frente Amplio abogamos por la justicia y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y condenamos cualquier posible ejercicio extra judicial, lo que amerita del pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía del Ministerio Público cuyos funcionarios deberán realizar las investigaciones del caso», añadieron.
De acuerdo con un parte oficial este procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), sede Caracas.
MIP-TUY Agencia
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