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El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-Ucab) explica que el retorno es un derecho reconocido en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por Venezuela
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-Ucab) se pronunció sobre lo que considera criminalización de venezolanos retornados al país por parte de la gestión del presidente Nicolás Maduro en sus alocuciones. A juicio de la institución, el señalamiento de “trocheros”, como se le llama a quienes guían a personas por pasos fronterizos ilegales desde y hacia Venezuela, es discriminatorio y estimula el odio hacia la población retornada.
“Aunque no se puede calificar como xenofobia por no tratarse de un rechazo al extranjero, se trata al nacional como extraño; al ser extraño, se le cosifica y se le despoja de derechos, convirtiéndolo en blanco de odio y ataques en un contexto de nerviosismo, debido a un ambiente social hipersensible ante el riesgo de contagio del covid-19”, estimó el CDH-Ucab en un informe publicado el sábado, 18 de julio.
La institución dijo que este señalamiento criminaliza a las personas que retornan y estima la denuncia anónima bajo el pretexto del “bioterrorismo”, lo que constituye un abuso de la figura de terrorismo y puede conducir a procesos en tribunales especiales.
Desde hace varias semanas, la gestión del presidente Nicolás Maduro ha insistido en denunciar que “trocheras y trocheros” son los responsables de contagiar a “buena parte de las ciudades del país”, como parte de un plan del presidente colombiano, Iván Duque.
CDH-Ucab explica que el retorno es un derecho reconocido en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por Venezuela. Por tanto, a los nacionales no se les puede rechazar en la frontera o someterlos a una detención migratoria. “Las cuestionables medidas de traslado a determinado centro de detención están siendo tomadas desde el ejecutivo, sin participación de tribunales en la determinación del sitio de reclusión, lo que afecta el debido proceso”, señalaron.
También explicaron que el ingreso por un punto no controlado no justifica un procesamiento judicial, por tratarse de personas que requieren protección en circunstancias excepcionales, como la pandemia.
En el documento, la institución de derechos humanos exigió al Estado abstenerse de emitir expresiones discriminatorias contra las personas que pretenden retornar al país, recordar que el regreso es un derecho humano y dejar sin efecto la detención de personas que han utilizado los pasos no controlados. Además, instaron a tratar a los retornados como personas con necesidad de protección.
Shari Avendaño/Efecto Cocuyo
