La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la solicitud de extradición formulada contra el ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, según se lee en la sentencia N° 55, redactada por el magistrado Juan Luis Ibarra.
Ramírez se encuentra en Italia, país al que Venezuela solicita el envío del ex ministro de Energía y Petróleo para ser sometido a un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación. La sentencia señala que Venezuela asume el compromiso de juzgar a Ramírez únicamente por los mencionados delitos.
“El requerido no será condenado a pena de muerte, a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a 30 años, a cuyo efecto, de ser el caso, se tomará en cuenta el tiempo que pueda estar detenido en la República Italiana, con motivo del presente procedimiento de extradición”, acota el fallo de la Sala Penal.
La investigación a Ramírez comenzó el 8 de junio de 2017 por parte de la Fiscalía 12° Nacional Contra la Corrupción, en virtud de la existencia de presuntas irregularidades ocurridas en el contrato N° 4600036377, suscrito entre la empresa Pdvsa Servicios y la sociedad mercantil Petrosaudi Oíl Services (Venezuela) consistente en la perforación y extracción de gas en el marco del proyecto Mariscal Sucre.
El mencionado contrato fue adjudicado de forma directa a Petrosaudi, en virtud del hundimiento de la plataforma Aban Pearl en fecha 13 de mayo de 2010, indicando la directiva de Pdvsa como justificación de dicha contratación, que solo la citada empresa se mantuvo disponible hasta el final del proceso de selección y quienes tenían los equipos aptos para llevar a cabo las operaciones en aguas venezolanas y así ‘cumplir con los compromisos volumétricos establecidos con el Plan Siembra Petrolera’.
El Ministerio Público explicó en su investigación que el mencionado contrato se estableció con una duración de 7 años, por una tarifa diaria de US$ 460.888,70, que tendría que cancelar Pdvsa Servicios, solamente por la tenencia del buque, es decir, manteniendo el buque estacionado sin trabajar, lo que a lo largo de los siete años, alcanzaría un total de US$ 1.175.300.000,00.
A realizar un análisis, el Ministerio Público concluyó que en comparación con el monto total de la contratación por la operatividad del barco, que fue de US$ 1.302.645.907,86, resultaba poco beneficioso para Pdvsa, ya que la diferencia era mínima, aunado a eso, el monto de la tarifa aumentaba 3% por cada año que avanzaba el contrato.
En razón de esa investigación, el 16 de agosto de 2018, el Tribunal 10° de Control de Caracas dictó orden de aprehensión contra Ramírez y ordenó a Interpol expedir la notificación roja internacional. Ese mismo día, el Ministerio Público solicitó al Tribunal 10° iniciar el proceso de extradición de Ramírez, quien para la fecha se encontraba en España.
Un año después, concretamente el 6 de noviembre de 2019, el Fiscal Provisorio 67° con Competencia en materia contra la Corrupción, solicitó al Tribunal 10° iniciar un nuevo procedimiento de extradición activa de Rafael Darío Ramírez Carreño, “en razón de que se tenía conocimiento que dicho ciudadano se encontraba actualmente en territorio extranjero, específicamente del territorio de la república italiana”. El proceso penal contra Ramírez se encuentra en fase preparatoria y resulta necesaria su comparecencia para ser “impuesto de los hechos y de los elementos de convicción”, dicen los magistrados en la sentencia.
