El Observatorio de derechos humanos de FundaRedes, denunció ante la fiscalía el incremento de la violencia en el Estado Bolívar, que lo ubica en el primer lugar de criminalidad dentro de los estados fronterizos de Venezuela, y exigen que se investiguen los hechos, se determinen responsabilidades y se garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Tibisay Tirado, coordinadora del Observatorio de derechos humanos de FundaRedes en el estado Bolívar, detalló que, de acuerdo con los datos recogidos por la organización, teniendo como base los reportes de medios digitales y medios tradicionales de comunicación, durante el año 2019 hubo 869 homicidios que a su vez, se presentan en las categorías de 532 asesinatos y 337 muertos en “enfrentamientos” que podrían encajar en el patrón de “ejecuciones extrajudiciales”.
Igualmente se denunció que, en sus investigaciones FundaRedes logró documentar que en el segundo trimestre del año 2020, se perpetraron un total de 186 homicidios, cifra superior a la de los cometidos en el primer trimestre del año 2020. Además, llegó hasta 179 la cifra de víctimas de homicidios perpetrados en el segundo trimestre del año 2019. Los enfrentamientos sumaron 64 eventos para los meses de abril, mayo y junio de 2020.
Recordó Tibisay Tirado que la organización FundaRedes y su Observatorio de derechos humanos, presentó esta semana los resultados de su informe Curva de la Violencia, correspondiente al segundo trimestre del año 2020, el cual evidencia un incremento de la criminalidad en los estados fronterizos de Venezuela aun cuando el país se encuentra en medio de fuertes restricciones por la pandemia, con un aumento en homicidios de 28%, desparecidos y/o secuestrados de 83% y enfrentamientos armados de 22,3%, con respecto al mismo período del año 2019.
Recordó que los estados analizados son Táchira, Bolívar, Zulia, Apure, Falcón y Amazonas, sobre los cuales el equipo de activistas y defensores de FundaRedes continua su labor de monitoreo permanente a fin de documentar y denunciar las violaciones a los derechos humanos, y la actuación de organizaciones criminales en detrimento del bienestar de la población.
