Flexiones de pecho, exposiciones con carteles, desmalezar vías y fuertes golpizas son parte de las sanciones impuestas a quienes incumplan el decreto de emergencia nacional, emitido en medio de la pandemia
Cada vez son más los casos de aplicación de tratos crueles por parte de los organismos de seguridad en contra de personas que incumplen la cuarentena y las medidas biosanitarias impuestas por el Gobierno Nacional contra el covid-19.
Como es del conocimiento público, el incremento en las cifras de positivos para covid-19 en Venezuela ha encendido las alarmas, por lo que se han activado estrictos mecanismos de control epidemiológico en zonas donde se registran los mayores contagios.
Ante la realidad pandémica, gobernadores y alcaldes del país han tomado medidas como charlas o conversatorios educativos para generar mayor responsabilidad en la ciudadanía. Sin embargo, en los últimos días se ha vuelto común observar en las redes sociales castigos que violan los derechos humanos.
En Caracas, las autoridades han detenido a decenas de ciudadanos que circulan sin tapabocas y luego de exponerlos por unas horas bajo un incandescente sol, les dan una charla y les dejan libres.
Menor suerte han corrido quienes circulan en horarios no permitidos por populosas barriadas como Lídice. Allí, los presuntos colectivos, que están armados con bates, imponen su propia ley: golpean fuertemente las extremidades de las personas incluso hasta derribarlas.
De hecho Provea, organismo defensor de los derechos humanos, publicó en su cuenta Twitter un video en el que se constata una golpiza propinada a tres ciudadanos. La acción desmedida estaba acompañada de risas e improperios de los integrantes de grupo colectivo.
Multas, privativa de libertad, trabajos comunitarios, ejercicios físicos, suspensión de licencias de actividades económicas, retención de vehículos y exposición con carteles alusivos a la falta cometida, forman parte de las “sanciones” que deben cumplir quienes rompen con la cuarentena radical en los estados Lara, Barinas, Guayana, Trujillo, Anzoátegui, Táchira y Zulia.
Táchira se radicaliza
Las alcaldías de los municipios Torbes y Guasimos del Táchira han implementado medidas represivas en contra de los ciudadanos que son sorprendidos sin tapabocas o simplemente en la calle, fuera de horarios permitidos dentro de la cuarentena estricta decretada en la región.
Las acciones ejecutadas por los gobiernos municipales han sido grabadas y difundidas a través de videos en las redes sociales.
En uno de los videos se puede ver a un grupo de tres jóvenes obligados a realizar actividades físicas dentro de una cancha deportiva de la población de Palmira, mientras son monitoreados por un militar de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que les indica las frases que deben repetir al ejercitar flexiones de pecho.
Un segundo video fue grabado en la población de San Josecito, en la carretera nacional Troncal 5 que une a Táchira con el centro del país. Allí se muestra cómo funcionarios policiales tomaron como medida de castigo la limpieza de brocales.
Fuera de ley
Los castigos que se han impuesto a quienes violentan las normas de cuarentena han generado controversia en la región y, según el abogado penalista y defensor de los derechos humanos Jesús Alberto Berro, están fuera de la ley.
Para el especialista se trata de abuso de autoridad y es violatorio del Estado de Derecho, y puede ser motivo para iniciar una investigación que podría imponerle una responsabilidad penal, disciplinaria, administrativa o política a quienes ejecuten la orden.
Si bien es cierto que la legislación contempla la figura de trabajo comunitario, la ejecución se asegura luego de un debido proceso y una sentencia. “En Venezuela, el único que puede imponer sanciones es un juez de la república, luego de un debido proceso con garantías constitucionales”, precisó.
Ninguna autoridad administrativa, policial o militar está en la potestad de imponer una sanción de esa naturaleza. Se trata de acciones contrarias a la norma y puede acarrear privativa de libertad a quienes sometan a alguien a tratos crueles, inhumanos y degradantes, agregó Berro. “Es un atropello a la dignidad humana. Estamos involucionando con actos similares a los que se ejecutaban en la época de Juan Vicente Gómez, o cuando se aplicaba la antigua ley contra vagos y maleantes”.
En Venezuela existe y está vigente la Ley Contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, además que el Estado está suscrito al Protocolo de Estambul que protege a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Rosalinda Hernández/El Estímulo
