Este martes la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la medida de aseguramiento contra el exmandatario y senador Álvaro Uribe Vélez, por el caso de presunta «manipulación de testigos».
Tras los anuncios del partido ultraderechista colombiano, diversos parlamentarios rechazaron su posición amenazante y exigieron dejar trabajar al Poder Judicial en la investigación que ya completa varios años.
La investigación inició en febrero de 2012, cuando el senador Iván Cepeda realizó un debate de control político contra el expresidente Uribe Vélez, donde lo acusó junto a su hermano, Santiago Uribe, de promover el paramilitarismo con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Después del debate, Álvaro Uribe recurrió a la Corte Suprema de Justicia para denunciar a Cepeda por supuestamente «liderar un grupo de falsos testigos», prometiéndoles «beneficios jurídicos y económicos» para que declararan contra su persona y su hermano Santiago.
Tras casi siete años de investigación, la Corte concluyó que Iván Cepeda no abusó de sus funciones como congresista ni tampoco lideró un «cartel de falsos testigos», desmintiendo al expresidente y senador Uribe Vélez. No obstante, la investigación tuvo un giro y se compulsaron copias para investigar a Uribe por los delitos de «soborno y fraude procesal».
La Corte Suprema evalúa la presunta utilización por parte de Uribe de testigos falsos para perjudicar al senador Iván Cepeda. Asimismo, habría buscado presionar a paramilitares para cambiar sus testimonios, entre ellos Juan Guillermo Monsalve, quien lo vinculó con grupos delictivos durante su gestión presidencial (2002-2010).
El exmandatario y senador Álvaro Uribe es el primer exjefe de Gobierno colombiano en prestar declaración judicial ante la Corte Suprema de Justicia por los cargos de presunto fraude procesal y compra de testigos.
