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Marlene Sifontes, secretaria de Sunep-Inparques, denunció que la construcción de estas mansiones va en contra de una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ emitida en 2009 y ratificada en 2012 y 2014, que prohíbe “el otorgamiento de cualquier permiso por parte de las autoridades nacionales, estadales o municipales para la remodelación o reacondicionamiento de las instalaciones habituales existentes”
Ya en 2015 se rumoreaba sobre grandes construcciones de casas en Galipán que no estaban dentro de las normas. La compra de viviendas modestas a los pobladores se llevó hasta el punto de derrumbar todo para hacer mansiones. El Sindicato Unitario Nacional del Instituto Nacional de Parques (Sunep-Inparques) pide explicaciones por este y otros daños al parque nacional El Ávila.
El sindicato de Inparques denunció el pasado lunes 31 de agosto la construcción, en menos de un año, de una casa en el sector La Loma Manzanares en San Antonio de Galipán que, además de haberse volado una loma de la montaña, viola el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) del parque nacional El Ávila, que establece que la construcción de una vivienda no puede superar los 500 metros, una altura máxima de tres metros y medio, y debe ser de una sola planta.
Marlene Sifontes, secretaria de Sunep-Inparques, enfatizó que esta construcción no requería estudios de impacto ambiental porque simplemente es una obra prohibida, y resaltó que Inparques ha permitido que se “solape y cabalgue” sobre las leyes que protegen El Ávila.
“Por qué a los galipaneros los sancionan, no los dejan construir y con esta obra no pusieron ningún obstáculo”, cuestionó Sifontes.
Además, explicó que la vivienda también va en contra de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitida en 2009 y ratificada en 2012 y 2014. La sentencia 1738, del 16 de diciembre de 2009, prohíbe “el otorgamiento de cualquier permiso por parte de las autoridades nacionales, estadales o municipales para la remodelación o reacondicionamiento de las instalaciones habituales existentes”.
El documento agrega otras prohibiciones, como la incorporación de nuevas estructuras dirigidas a efectuar siembras con fines comerciales, la desviación artificial, parcial o total, del cauce de las quebradas aledañas para fines restringidos por el PORU.
“Sabemos que hay guardaparques que también fueron a denunciar esta construcción con los directores de Inparques, y no hicieron nada”, agregó Sifontes.
A partir de estas normas establecidas en el PORU y en la sentencia del TSJ, el sindicato se movilizó el 1° de noviembre de 2019 hasta el Ministerio de Ecosocialismo para entregarle una carta al ministro Oswaldo Rafael Barbera. En ella solicitaban la destitución de las autoridades de Inparques por “permitir, autorizar y consentir” actividades prohibidas que “destruyen y degradan el ambiente” de El Ávila.
Los representantes del sindicato alertaban en el texto sobre la construcción de la mansión ubicada en La Loma, que avanzaba rápidamente, y agregan dos más: una ubicada después de la posada Hacienda Vieja y la posada Miradas, y otra en San José sector Los Mangos. Igualmente acompañaron el documento con evidencias fotográficas para darle sustento a la denuncia. No recibieron respuestas por parte del ministro.
Sifontes comentó que durante la cuarentena por la llegada del covid-19 al país, han tenido información de que todos los días sube un camión con 15 obreros que no tenían tapabocas, lo que también asustó a los vecinos. Incluso, cuando las medidas eran más radicales en la ciudad, a los pobladores les costaba mucho salir de Galipán, pero a los trabajadores sí los dejaban pasar. “No hubo cuarentena para estos trabajos”, aseguró.
La mayoría de los terrenos donde se construyeron estas mansiones estaban habitados por pobladores que tenían casas modestas y dentro del reglamento que decidieron vender. Sifontes sostuvo que algunos vendieron sus viviendas por presión o amenazas durante los últimos años.
Una violación más
La construcción de casas que no están dentro del reglamento es una de las varias violaciones que el Sunep-Inparques y varias oenegés se han encargado de sacar a la luz. En octubre de 2019, un grupo de vecinos de Galipán denunciaron ante la sede de Provea la creación ilegal de la ruta Waraira Repano-Macuto del teleférico que estaban ejecutando las empresas Ventel y Alfamaq, apoyadas por funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro e Inparques. “Esta construcción no solo incluye el levantamiento de las bases de las estaciones por una ruta improvisada y no consultada por los habitantes, sino también la persecución a los residentes que han venido alertando de todos los daños materiales y ambientales que está causando la realización de esta obra”, reseñó Provea.
Ante la resistencia de los vecinos, muchos fueron objeto de persecución, hostigamiento y acoso por hombres armados para ingresar a sus terrenos y permitir el paso de maquinarias. “Quién le responde a Robert Hidalgo que han tumbado sus árboles o a Felipe Díaz que lo amenazaron para meter maquinaria en sus terrenos”, resaltó Sifontes.
Para ese momento, los voceros de Sunep-Inparques aseguran que las acciones del Estado en El Ávila irrespetaban el PORU, que establece la construcción del teleférico como una actividad permitida en el Plan, pero que debe hacerse siguiendo procedimientos técnicos que en este caso no se acataron.
Otra violación al PORU también se cometió en 2019 con una carrera de bicicletas que estaba prohibida por el decreto 276 de Inparques, debido a que producen un gran impacto ambiental al generar erosión y transporte de sedimentos del frágil suelo de la montaña. En esa carrera, el sindicato denunció que se abrieron trochas, pasó maquinaria, hubo venta de bebidas alcohólicas y marcaron árboles.
“Eso sin contar el gran número de invasiones que hay en el parque durante los últimos meses”, subrayó Sifontes y alertó que les han informado que estos invasores estarían sembrando frutas y hortalizas, actividad que es ilegal.
RECUADRO
14 trabajadores con covid-19
Al menos 14 trabajadores del parque nacional Macarao de Inparques están infectados de covid-19, según información de Sunep-Inparques. Hay un guardaparque con desnutrición severa, algunos trabajadores de las regiones que sufren de la tensión necesitan asistencia médica y no tienen recursos, los bomberos forestales han sido destinados para labores en el Poliedro de Caracas, donde se alojan pacientes asintomáticos de coronavirus. Tienen más de cinco años sin recibir uniformes. Piden respuestas y acciones legales.
Mariana Sofía García / Crónica.Uno
