En los meses de pleno confinamiento, por los casos de COVID-19 en Venezuela, Provea y el Centro Gumilla documentaron que los cuerpos de seguridad cometieron 1091 ejecuciones extrajudiciales. En el primer semestre de 2020 se registraron 1611 casos.
Entre marzo y junio de 2020 los cuerpos policiales asesinaron a 1091 personas en el país. En promedio, 12 personas murieron diariamente en esos meses, en los que Venezuela ha estado en confinamiento por la pandemia de COVID-19.
Solo en mayo, policías y militares asesinaron a 379 personas, de acuerdo con la investigación del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas (Centro Gumilla).
El 16 de marzo el gobierno de Nicolás Maduro decretó cuarentena nacional para evitar los contagios del nuevo coronavirus. Fue estricta hasta el 1º de junio, cuando Maduro anunció la primera flexibilización. En aquel momento la planteó con el plan 5+10 (5 días de flexibilización y 10 de cuarentena) y posteriormente la modificó al 7+7 (7 días de flexibilización y 7 de cuarentena), hasta que revirtió la medida para los estados con más casos.
Cuando se cumplen seis meses de cuarentena parcial, en Venezuela hay 61.569 contagios y 494 fallecidos
En el contexto del nuevo plan de cuarentena, la circulación de personas en la vía pública fue mucho menor, pero los operativos violentos no se detuvieron.
Durante el primer semestre de 2020 hubo 1611 ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con la investigación de Provea y el Centro Gumilla. En promedio hubo nueve asesinatos a diario.
La mayoría de los fallecidos eran jóvenes que vivían en zonas populares, con edades comprendidas entre 18 y 30 años de edad. Las víctimas fueron detenidas y posteriormente asesinadas, o sus muertes sucedieron en falsos enfrentamientos, lo que se conoce en América Latina como falsos positivos.
La investigación explica que las ejecuciones extrajudiciales son aquellas actuaciones en las cuales el agente de seguridad, en funciones o no, dispara con el objetivo de causar la muerte. Este patrón ha permitido identificar que dentro del grupo de víctimas hay quienes fallecen por problemas personales con el funcionario y otros mueren en el despliegue de operativos en los que la versión oficial es el –supuesto–enfrentamiento, con el discurso de que eran peligrosos criminales.
FAES el cuerpo más letal
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cometieron 417 asesinatos, es decir, 25,8 % del total de ejecuciones extrajudiciales en seis meses. Aunque actúan en menos estados del país, es el cuerpo de seguridad del Estado que más atenta contra el derecho a la vida.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) cometió 400 asesinatos en seis meses. Las policías estatales fueron responsables de 399 ejecuciones. Provea aseguró que la Policía del estado Zulia asesinó a 122 personas, la del estado Aragua a 65 y la Policía del estado Carabobo a 54 personas.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), por su parte, participó en 222 casos. En su mayoría actuó la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En 2019 la FANB participó en 55 ejecuciones extrajudiciales, lo que quiere decir que elevó a 403 % su letalidad en el primer semestre de 2020.
Provea también documentó que las policías municipales estuvieron involucradas en 57 casos. Aunque estos cuerpos fueron concebidos principalmente con carácter preventivo, participan con mayor frecuencia en operativos.
De acuerdo con la investigación, los estados con más letalidad policial fueron Zulia, Bolívar, Aragua, Lara, Carabobo y Miranda.
Urge detener masacre por goteo
Provea y el Centro Gumilla insistieron en lo importante que es investigar estos hechos y sancionar a los responsables, materiales e intelectuales, de los abusos contra los derechos humanos durante los operativos policiales y militares. Urgen mecanismos de investigación independientes que contribuyan a que los responsables de las violaciones de los derechos humanos rindan cuentas ante la justicia.
Además, en la investigación aseguran que fortalecer la práctica de mano dura solo debilita el concepto de seguridad ciudadana y no permite avances en la adopción de políticas públicas que ayuden a superar los altos índices de violencia en Venezuela.
Añaden que el gobierno de Nicolás Maduro insiste en reforzar la estigmatización y criminalización de distintos actores sociales para justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los policías y militares.
