Los cuerpos de seguridad practicaron las detenciones durante las manifestaciones por la falta de gasolina, electricidad y gas doméstico en al menos tres sitios distintos de la entidad
Las protestas por fallas en los servicios públicos que se registraron el pasado lunes en el estado Nueva Esparta dejaron al menos 23 personas detenidas, incluyendo dos adolescentes, quienes serían presentados este martes 29 de septiembre ante los tribunales, según informó Pedro Arévalo, Coordinador estadal de la oenegé Foro Penal Venezolano.
Los manifestantes fueron detenidos mientras protestaban por la falta de gasolina, electricidad y gas doméstico en al menos tres sitios distintos de la entidad. Fueron recluidos en la sede de Desur, en Porlamar, desde donde se estima sean trasladados hasta el Palacio de Justicia, en La Asunción, para su audiencia de presentación.
Entre los detenidos se encuentran Douglas de Jesús Luna Rojas, Alí Jesús Ferrer González, Joel Velásquez Pino, Jonny Rivas Velásquez, Luis Lezama Vizcaíno, Wilmer Rojas Urbáez, Maiker Cazorla Ferrer, Eliezer Martínez Aguilera, Carlos Castillo Cedeño y Ángel Omar Camber, así como Luis Felipe Hernández Villarroel, Rubio Rubio Robert, Bravo Carrera Jesús, Mata Mata Leonardo, Rubio González Brayan, Deivis Elías Luna, Carlos Rafael Aguilera, Saúl José Millán, Roberto Alexander Martínez, Víctor Rafael Cova, Alberto José Farías, Cenis José Farías y José Manuel Cardona.
El abogado Pedro Arévalo destacó que el Foro Penal Venezolano estuvo activo desde muy temprano este martes, en previsión de que los detenidos fueran trasladados al Palacio de Justicia.
Comentó que fueron más de 30 personas las detenidas inicialmente en las jornadas de protestas en Nueva Esparta, pero que “ellos liberan a los que quieren y dejan a los que no tienen palanca”.
“Nosotros prevemos que le vayan a meter asociación para delinquir”, indicó Arévalo al sostener que hay un caos jurídico dentro de un caos social. “Hay caos jurídico dentro del caos social que nos da pie a no entender si el actuante es la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por qué entran el Conas, las FAES, cuando yo tengo derecho a saber quién me está deteniendo. Lo sensato es que tú seas el responsable de las actas que se presentarán en el tribunal”, sostuvo.
Considera el representante del Foro Penal Venezolano en Nueva Esparta que en este proceso se puede llevar a atribuir otros hechos que no estaban en la detención.
De este modo, también están previendo que puedan aplicarle la Ley contra el Odio, como ha sucedido con otras detenciones en protestas por servicio en el país, lo que consideró apreciaciones equivocadas de los hechos. “Acá la Ley contra el Odio no cabe. Es una protesta pacífica que no puede ser repelida con armas de fuegos ni gases tóxicos. ¿Contra quién tengo yo el odio, contra Corpoelec?”, se preguntó.
Expuso que “se odia a una persona, no puedes odiar a los descendientes, no vas a dirigir el odio a un grupo”, en este caso se protesta por Corpoelec, por gas, por gasolina, por que no se tienen los servicios óptimos y esos son hechos públicos y notorios que no reparan en la figura del delito que están buscando”.
Refirió igualmente que han tenido problemas en la comunicación con los familiares de los detenidos, por lo que solicitó que puedan contactar a los representantes del Foro Penal Venezolano a través del WhatsApp 0414-7919944.
Las fallas de electricidad y gas se han intensificado en las últimas semanas, al igual que las largas colas por escasez de gasolina, lo que mantiene a los neoespartanos casi paralizados.
Política de Estado
Una investigación especial del abogado Fernando Fernández indicó que las detenciones arbitrarias contra quienes cuestionan al presidente Nicolás Maduro se han vuelto cotidianas y son una política de Estado actualmente en Venezuela.
“No son hechos aislados. Corresponden a una política que ya no solo es de gobierno sino de Estado, pues cuenta con la tolerancia de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público. Se han configurado una serie de patrones represivos que se afianzan y producen cada vez más víctimas”, suscribe la investigación publicada por Provea. “La presunción de inocencia, esa garantía del debido proceso y del derecho a la libertad, no existe en Venezuela para quienes asumen posiciones disidentes. Todo disidente es calificado de enemigo y todo enemigo se presume culpable”.
Mirian Núñez/Efecto Cocuyo
