Un grupo de expertos en derechos humanos analizaron el impacto del informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que fue dado a conocer el pasado 16 de septiembre, que acusa al presidente Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios de ser responsables de cometer crímenes de lesa humanidad.
Durante el foro “Impacto del Informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre las violaciones de DDHH en Venezuela”, los expositores Julio Borges, José Miguel Vivanco, Katya Salazar, Humberto Prado, Miguel Pizarro, Carlos Ayala y otros expertos en el tema de derechos humanos, analizaron el efecto del informe reciente de la ONU sobre Venezuela.
A juicio de José Miguel Vicanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, este informe es muy importante porque da a conocer ante el mundo “la brutal represión de la dictadura de Maduro” y demuestra que las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela “son un patrón de conducta del Estado” y no hechos aislados.
Asimismo, Vicanco afirma que este documento “permite a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional seguir avanzando hacia el examen preliminar”, mientras agrega que “a Maduro le será difícil demostrar que no conocía de estos casos, que se cometían a sus espaldas; son argumentos de los dictadores para buscar evadir culpas”.
Vivanco asevera que seguirá “comprometido con la causa de la libertad, de los derechos humanos, de los presos políticos y mostrándole al mundo lo que ocurre en Venezuela” hasta conseguir justicia.
En este mismo sentido, Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, resalta como hecho relevante del informe de la ONU que se tuvo la valentía de mencionar con nombre y apellido a los responsables de esos crímenes ocurridos que aún se cometen en Venezuela.
Salazar, al igual que Vivanco, considera que la Corte Penal Internacional (CPI) puede pasar a una investigación formal tras la publicación de este informe, pero añade que también “debería motivar investigaciones penales en distintos países”.
Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y miembro de a Comisión Internacional de Juristas, reitera, al igual que los otros expertos, que el informe es importante para exigir justicia ante la CPI y pide a otros Estados ejercer justicia.
Para Salazar, otro de los aspectos importantes de ese informe es que se demuestra la relación entre corrupción y crímenes de lesa humanidad, queda en evidencia “el aprovechamiento de los recursos del Estado y que esa habría sido la principal razón para cometer estos delitos”, indica.
Del mismo modo, Ayala Corao opina que el informe de la ONU “es un paso adelante en la búsqueda de la justicia”; ya que en Venezuela no se puede hacer justicia porque, a juicio del especialista, “en Venezuela no hay poder judicial y se ha desmantelado la democracia y el Estado de Derecho”.
Para el diputado Miguel Pizarro, hay dos aspectos claves: que se eviten las retaliaciones hacia los familiares por haber descrito la situación venezolana y, en segundo lugar afirma que “no es un proceso terminado” porque recuerda que en los próximos días habrá un examen en el Consejo de DDHH de la ONU, donde se evaluará al presidente Nicolás Maduro y se renovarán mandatos.
Julio Borges, Comisionado Especial para Relaciones Exteriores, pidió con urgencia a los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela “la apertura de procesos judiciales contra Maduro y los demás responsables de los crímenes de lesa humanidad que ocurren en el país”.
