En Sesión Ordinaria y mediante la aprobación de un acuerdo, la Asamblea Nacional (oposición) desconoce y declara “inexistente e ineficaz, la irrita Ley Antibloqueo que viola principios de organización del poder público y crea un marco autocrático exento de controles jurídicos y políticos para el régimen usurpador, la cual fue dictada de manera inconstitucional por la fraudulenta ANC e insta a investigar y establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas a los personas, que estén involucrados en su ilegítima promulgación y aplicación”, destaca una nota de prensa.
“Toda persona, natural o jurídica, que realice acuerdos o negociaciones al amparo de este instrumento paralegal y de aplicación fáctica, podría estar incurso en delitos de lesa patria, asociación ilícita para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito, peculado de uso y doloso, aprovechamiento indebido de bienes públicos y otros delitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente”, dice el documento.
“Los parlamentarios ratificaron respaldó al presente texto propuesto y aprobado en la Comisión Permanente de Finanzas, y destacaron el cumplimiento del numeral 4 que define y establece que cualquier negociación o contrato será ilegal y desconocido por la Asamblea Nacional y no tendrá ningún valor en Venezuela y en el exterior”, reseña la nota.
El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo, diputado Alfonso Marquina, presentó el Proyecto de Acuerdo e indicó que el “régimen pretende justificar la aprobación de este ‘adefesio’ para la defensa de los derechos humanos; irónicamente presentada por un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos” y denunció que “antes y después de la usurpación de Nicolás Maduro en el poder, la economía ha disminuido un 85 %”.
“Ese marco normativo autocrático le da mando a Maduro para desaplicar leyes, usurpando funciones del TSJ; facultades para desconocer normas constitucionales; firmar contratos con empresas extranjeras para le explotación y explotación de nuestro petróleo y manejar las cuentas del Tesoro Nacional y los ingresos adicionales de manera discrecional y pretende liquidar la garantía constitucional prevista en el artículo 314”, declaró Marquina.
