Las oficinas de impuestos venezolanas están desiertas, las facturas de servicios públicos no se cobran y faltan maestros, porque los bajos salarios de los funcionarios públicos generan ausentismo crónico y renuncias de cientos de miles.
Después de una larga crisis económica en el otrora próspero miembro de la OPEP, y tras dos años de una reforma emprendida por el presidente Nicolás Maduro, en muchas instituciones estatales se labora a una fracción de su capacidad a medida que los trabajadores con ingresos que apenas alimentan buscan otras formas de sobrevivir.
Ante el menor personal, ahora las empresas públicas reparan un mínimo de averías y no exigen ni vigilan el pago de facturas de servicios públicos. Los entes que supervisan precios y tributos fiscalizan a pocas grandes empresas y los docentes aún activos no laboran más de 20 horas a la semana, según decenas de sindicalistas y trabajadores consultados.
En Cantv, la mayor telefónica del país que expropió el gobierno en 2007, los sueldos, que se pagan en bolívares, rondan los 6 dólares con bonos semanales que autoriza la empresa, dijo el sindicalista y trabajador, Igor Lira. “¿Ese salario, para qué sirve? Por eso muchos tienen trabajos por fuera”, agregó.
La estrategia si bien ayuda a rendir los ingresos del Estado, desfavorece a la una vez voluminosa masa trabajadora y debilita la capacidad del gobierno para funcionar y regular como antes la economía. En última instancia, presiona más al desempleo y las deficiencias crónicas de los servicios públicos, en un país de unos 30 millones de habitantes antes del éxodo que causó la crisis de los últimos años.
