Devolver a nuestro país los niveles de certeza suficientes para que se regenere toda la confianza en las instituciones del estado encargadas de la integridad de la ciudadanía, debe ser uno de los principales objetivos de la seguridad en el país que se nos avecina.
Generar estabilidad luego de todo este conflicto político puede convertirse en uno de los retos más difíciles para el gobierno, por lo que va a requerir un rápido despliegue y un modelo solido que traiga garantías de recuperación para una Venezuela que pide activar urgentemente su reconstrucción. En este sentido, estamos obligados los profesionales del security a desarrollar una seguridad innovadora, casi inédita, dado que los retos que tendremos que afrontar. Todo esto, en el entendido que se requieren acciones eficaces e inmediatas para transformar el clima de riesgo en el que vivimos a diario.
No cabe dudas sobre el carácter de urgencia que la seguridad para facilitar condiciones mínimas de convivencia ciudadana, de allí que las primeras tareas y los objetivos estratégicos tendrán que procurar la contención de la violencia y la generación de un clima de confianza que permita retomar los espacios para la reactivación del país.
La seguridad tiene que ser la garantía de la recuperación del territorio perdido a manos de la delincuencia y de la reducción de la impunidad, para todo esto se debe imponer de manera obligatoria un plan concebido en distintos ámbitos y dimensiones con indicadores que midan el logro de los objetivos.
El principal objetivo a cumplir es la reducción de las amenazas donde las fuerzas del orden público, civiles y militares pondrán todos sus recursos disponibles para identificar, buscar y minimizar las amenazas que intentan aprovecharse de climas de caos o conflictividad para actuar de manera oportunista. En esta acción se contempla la captura de elementos antisociales líderes y miembros de bandas criminales, recolección de armas de fuego para ponerlas a resguardo en los parques de armas del Estado, toma y permanencia de autoridades de zonas populares caracterizadas por sus altos niveles de violencia, protección y patrullaje de sectores industriales y comerciales del país, activación de fiscales especiales para apertura de procedimientos judiciales respetando el debido proceso, habilitación de espacios que operen como retenes judiciales y permitan descongestionar las instalaciones policiales, resguardo de población vulnerable o indigencia y patrullaje preventivo en las zonas residenciales. Tendremos que considerar la incorporación temporal y voluntaria de funcionarios retirados de las fuerzas policiales para apoyar en la consecución de estos objetivos, pues en momentos críticos el país demanda toda la capacidad para superar la contingencia.
Si bien, esto es el inicio de un plan ambicioso de transformación de la seguridad en Venezuela, debemos prepararnos para asumirlo sin improvisación. El país clama por un cambio de las condiciones de seguridad, por lo que, responder sin una estrategia no puede ser un argumento luego de más de 20 años de inacción.
