Vannesa Rosales, profesora y conocida activista en el estado Mérida por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, fue detenida el 12 de octubre del año pasado y desde este 11 de enero está en arresto domiciliario a la espera de un juicio por ayudar a abortar a una niña de 13 años que fue violada y cuyo nombre omitimos por razones obvias.
En medio de cada vez mayores avances feministas en la región, el caso pone el foco en la arcaica legislación del aborto en Venezuela, una de las más restrictivas en América Latina y que ni siquiera permite la interrupción del embarazo en un caso de violación como el ocurrido en el caso de esta menor.
Las activistas ven el caso como curioso en un país en el que numerosas luchas por los derechos sociales se han visto detenidas ante el continuo conflicto político y por la brutal crisis económica.
Vanesa Rosales, de 31 años y a la que el tribunal le impide hablar con los medios, está acusada de «aborto provocado con la agravante de haberse cometido en una adolescente», «agavillamiento» y «asociación para delinquir», según el expediente judicial de la Fiscalia.
La profesora Rosales trabaja desde hace años en Pueblo Nuevo y conocía a Lucía desde que era más niña.
La menor fue violada por un hombre de su comunidad quien fue detenido y luego puesto en libertad. Ahora se encuentra fugitivo.
El domingo 10 de enero, cuando el caso de Rosales ya se hizo público en los medios, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, publicó en twitter la solicitud a Interpol de orden de captura contra el presunto violador.
