Estados Unidos ha abierto hoy otro periodo excepcional en su historia al comenzar en el Senado el segundo juicio por el impeachment de Donald Trump. Un año después de que fuera absuelto de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, el Senado deberá decidir, por mayoría calificada de dos tercios, si condena al ya expresidente por incitación de la insurrección, tras el asalto violento al Capitolio el pasado 6 de enero. Se trata, según dijo al abrir la sesión el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, de “la acusación más grave presentada nunca contra un presidente en la historia de Estados Unidos”.
Donald Trump juzgado por segunda vez. La historia se repite, pero las profundas diferencias respecto al año pasado eran evidentes desde antes incluso de que se abriera la sesión a primera hora de la tarde. El juicio arranca en un Congreso herido. Los senadores, muchos de ellos testigos del ataque y convertidos en miembros del jurado, llegaban al pleno por los mismos pasillos donde hace un mes se hicieron fuertes los extremistas sublevados. Los centenares de soldados, las vallas y alambradas que rodean el Capitolio son un doloroso recordatorio de la violencia extremista que está en el origen de este segundo juicio, y que se rememoró en un estremecedor vídeo al comienzo de la sesión.
El ambiente de absoluta excepcionalidad ES la gran diferencia entre los dos juicios, pero no la única. Ahora Mitch McConnell, quien fuera poderoso amo de una sala cuya mayoría controló durante los últimos seis años, entró a la sala como líder de la minoría. Hoy son los demócratas los que marcan las reglas de juego. Pero, con 50 senadores y el voto de desempate de la vicepresidenta Harris, siguen teniendo tan difícil como hace un año alcanzar la mayoría calificada de dos tercios que necesitarían para condenar a Trump.
El primer tema que tienen que valorar los senadores: es si es o no constitucional someter a juicio en el Senado a una persona sobre la que pesa un impeachment, pero que ya no ostenta cargo público alguno. La Cámara de Representantes aprobó el 13 de enero el impeachment del entonces presidente Donald Trump por un único cargo de “incitación a la insurrección”, acusación que remitió al Senado ocho días después, activando la segunda parte del proceso, que arrancó este martes: el juicio por su destitución.
El problema es que ya no hay acusado a quien destituir porque Trump, desde el 20 de enero, ya no es presidente. Algo que convierte a este juicio en excepcional y ofrece una vía a los republicanos para tratar de evitar que se celebre. el juicio por inconstitucional. Una postura que ha sido desde entonces desafiada por influyentes figuras vinculadas al Partido Republicano. La Constitución da a la Cámara alta, el poder de impedir que los funcionarios condenados puedan volver a ocupar un cargo público.
Legisladores opinan que cuestionar la constitucionalidad, es suponer que “si un presidente comete un delito en los últimos días de su mandato lo hace con impunidad constitucional”.
El congresista concluyó con una emocionante exposición sobre su propia experiencia el día del asalto, oculto y aterrado en el interior del Capitolio, adonde había acudido con su familia, un día después de enterrar a uno de sus hijos. “Este juicio debe recordar a Estados Unidos cuán personal es la democracia para cada uno de nosotros”, dijo.
El debate sobre la constitucionalidad del juicio permite a los senadores republicanos desviar la atención hacia los aspectos procedimentales, y evitar la más delicada decisión de convalidar o repudiar el comportamiento de Trump, en la búsqueda de una vía de escape para eludir lo que llevan eludiendo desde el cambio en la Casa Blanca: pronunciarse públicamente sobre el extremismo que rodea a Trump y que, todavía hoy, constituye una parte significativa de las bases republicanas a las que, por su propio interés electoral, no les conviene enfrentarse.
Por eso los demócratas han querido dedicar la primera jornada al debate de la constitucionalidad. Dejar zanjado desde el primer día el tema procedimental, para que los senadores republicanos no tengan más remedio que centrarse, a partir de este miércoles, en el fondo de las acusaciones hacia el expresidente. En determinar si Trump incitó el mortal asalto al Capitolio el pasado 6 de enero para revertir el resultado electoral, en los que la acusación considera “el más grave delito constitucional”.