Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, expresó este viernes su preocupación por la expulsión irregular de migrantes y refugiados venezolanos que buscan establecerse en países de la región.
La funcionaria, durante el 46° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señaló que estas medidas ocurren dentro de un contexto de militarización de las fronteras, especialmente en Ecuador, Perú y Chile.
Bachelet sugirió que la situación sugiere que a los ciudadanos los están expulsando de esos países sin la debida evaluación de sus necesidades de protección.
Bachelet presentará el 10 de marzo una nueva actualización del informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
“Desde mi última actualización se renovó y amplió mi plan de trabajo. Mi equipo continúa reforzando la asistencia técnica, prestando también apoyo sobre detención preventiva y protocolos de investigación de violaciones de derechos a la vida y la integridad personal”, expresó.
Dijo que trabajaron intensamente con la Defensoría del Pueblo realizando capacitaciones en los últimos meses. Aseguró que han visitado siete estados y cinco centros de detención desde septiembre pasado.
“Confío en que en breve se organicen más, incluso a prisiones militares y centros de detención de los servicios de inteligencia”, añadió.
La alta comisionada comunicó que en octubre de 2020 su equipo propuso a las autoridades un protocolo para la observación de audiencias judiciales que, aseguró, espera ver adoptado y aplicado.
“Hemos formalizado un mecanismo de intercambio de información sobre casos individuales y situaciones de preocupación. Aliento a profundizar este intercambio con respuestas sustantivas y oportunas, y resoluciones adecuadas”, manifestó.
Bachelet instó al gobierno de Maduro a dar asistencia médica a las personas detenidas y a compartir oportunamente los informes médicos con los abogados y familiares.
Manifestó que esta práctica, así como el contacto regular con los allegados y la defensa y el acceso adecuado al agua y a los alimentos, debe estandarizarse en todas las cárceles.
Resaltó que su equipo en Caracas da seguimiento junto con el Ministerio Público a los casos de presuntas violaciones de derechos humanos.
Expresó su beneplácito por la imputación de nuevos cargos en el caso del asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo, en virtud de la ley contra la tortura.
Bachelet indicó que Aloha Douhan, relatora especial para la evaluación del impacto negativo de las sanciones, realizó un viaje a Venezuela en febrero. Y aseguró que desde su oficina promueven la visita de otros mandatos este año para que se enfoquen en una amplia gana de derechos humanos.
Dijo, finalmente, que iniciaron de medio término la carta de entendimiento con el Gobierno de Maduro con vista a reforzar la cooperación, ampliar la presencia y establecer una oficina en Venezuela.
