Paralizar el suroeste de Caracas, cerrar la principal autopista de la ciudad, tomar las adyacencias de importantes dependencias militares y policiales, disparar armas de alto calibre contra vehículos blindados de la PNB, apoderarse del club social de la policía, robar la moto de un médico desvalido, y luego devolvérsela –en un gesto de aparente bondad– con la supuesta instrucción de difundir el acto reivindicativo en redes sociales, muestra cómo la megabanda de “El Coqui” ha logrado fortalecer su gobernanza criminal en el último año, sin sufrir los efectos de la pandemia por COVID-19 en Venezuela, reseña RunRunes.
Este jueves 22 de abril, las redes se estremecieron nuevamente con videos que mostraban a funcionarios policiales desvalidos y aterrorizados, mientras una lluvia de balas de fusil caía sobre sus vehículos oficiales. Supuestos miembros de los grupos criminales que operan en la Cota 905 y El Cementerio (parroquias El Paraíso y Santa Rosalía) atacaron a comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que circulaban por la autopista Norte-Sur, que conecta con tres importantes autopistas de la ciudad: Francisco Fajardo, Valle-Coche y Caracas-La Guaira.
El tiroteo registrado esta semana es el quinto gran magnitud protagonizado por la megabanda de “El Coqui” en Caracas, en lo que va de 2021, y el séptimo desde 2020. El 30 de marzo se apoderaron de las instalaciones del Club El Pinar, antiguo Club de la Policía Metropolitana y el 19 marzo bajaron de los barrios de la Cota 905, El Cementerio y El Valle, y se apostaron las calles de las parroquias El Paraíso y Santa Rosalía, a solo 4,5 kilómetros del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno Nacional. Impidieron la circulación de vehículos y peatones, y mantuvieron en vilo a los habitantes de Caracas durante horas.
En redes sociales circularon todo tipo de versiones sobre el hecho. Sin embargo, es irrelevante si el grupo delincuencial pretendía robar baterías antiaéreas del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, si los jefes de la megabanda ejecutaron a cuatro de sus miembros en represalia por haber actuado “de su cuenta” (hecho del cual no hay reportes oficiales, ni registro de ingreso en la morgue de Bello Monte), o si pretendían “humillar” a los funcionarios de la policía judicial en la emboscada del pasado jueves (la mayoría tienen formación y trayectoria).
Tampoco importa si los líderes mostraron su humanidad al perdonar la vida de un médico y devolverle su moto (aunque horas antes lo habían convertido en protagonista de su propia película de horror)… El punto no es si «El Coqui» es bueno o es malo.
Se trata de que la megabanda de “El Coqui”, que en realidad está liderada por Carlos Alfredo Calderón Martínez, alias “El Vampi” o “El Gordo”, y no por Carlos Luis Revete –como se había creído hasta ahora– es un grupo armado no estatal que ejerce cada vez con más fuerza una forma de gobernanza criminal en una importante porción de territorio de la capital de Venezuela.
Su dominio va desde la Cota 905 hasta Coche y abarca cinco parroquias de Caracas: Santa Rosalía, El Paraíso, El Valle, Coche y La Vega. Este espacio territorial tiene en su interior, al menos siete, importantes dependencias policiales y militares; y se podría llegar caminando al Palacio de Miraflores en menos de 45 minutos.
El grupo impone sus reglas de convivencia a los habitantes de las zonas que controla; se involucra en la repartición de alimentos del programa estatal; imparte “justicia”; desarrolla actividades económicas ilegales; somete a los cuerpos de seguridad, aunque tendría alianzas con algunas autoridades, reemplaza las instituciones y limita la vida de todos los ciudadanos de Caracas desde hace siete años.
Gobernanza criminal: a través o a pesar del Estado
La gobernanza criminal consiste en la regulación o imposición de normas de conducta que los grupos criminales aplican a los residentes de las zonas que ellos controlan. Los “sometidos” son personas que no pertenecen a la organización delictiva y la “dominación” podría ser incluso sobre bandas más pequeñas.
El concepto de gobernanza criminal ha sido abordado y analizado por investigadores y expertos en temas de violencia como Benjamin Lessing, profesor de la Universidad de Chicago, quien ha estudiado el fenómeno de las pandillas en Centroamérica, Río de Janeiro (Brasil) y Medellín (Colombia). “La gobernanza criminal florece en focos de escasa presencia estatal, pero en los que los Estados generalmente puede ingresar a voluntad”, escribió el académico.
En este caso, la megabanda de “El Coqui” es un grupo de crimen organizado que viene ejerciendo una forma de gobernanza criminal en un territorio desde comienzos de 2015, cuando una política gubernamental le entregó esa «zona de paz».
La Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) interrumpió brevemente este dominio entre julio de 2015 y abril de 2017. Pero en agosto de ese mismo año, se habría concretado un nuevo acuerdo entre funcionarios del gabinete de Nicolás Maduro, y la megabanda de “El Coqui”. La reducción de los secuestros y el control social de estas zonas, en momentos cuando se desarrollaba una ola de protestas contra el Gobierno, eran parte de la negociación.
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