La ONG Centro para los Defensores y la Justicia de Venezuela denunció el pasado martes que, durante abril, se registraron 115 violaciones al derecho a la defensa y exigencia de derechos humanos, debido al «incremento de las restricciones al espacio cívico y democrático».
«El entorno para la defensa de los derechos humanos y la respuesta ante la emergencia humanitaria compleja, agravada por la pandemia de covid-19, se vuelve cada vez más hostil y restrictivo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela», señaló la ONG en un informe que recoge los incidentes de abril.
Según el documento, el mes pasado se registraron 95 casos de estigmatización, 6 de amenaza, 6 de ataques digitales, 4 de intimidación y hostigamiento, 2 de detención arbitraria, uno de judicialización y uno más de «otros» tipos.
«Las organizaciones continúan siendo señaladas de vendepatrias, de producir noticias falsas y de mentirosas, así como también de recibir dinero para ello y generar psicoterror a la población, entre otros», detalló el comunicado.
Asimismo, indicó que aumentaron las acusaciones a las acciones de las organizaciones y de las personas defensoras, al señalarlas de tener «fines desestabilizadores», «terroristas», o de «promover injerencia, invasiones o similares».
«Ante la profundización de la política de criminalización y el recrudecimiento de los patrones violentos y represivos», la ONG exhortó al Estado a cesar «de inmediato» las acciones enfocadas a «limitar y afectar la defensa y exigencia de derechos humanos».
El informe también detalló que se agudizaron las acciones dirigidas a criminalizar el trabajo de la promoción de los derechos humanos o a quienes brindan respuestas a la población más vulnerable afectada la pandemia por la Covid-19.
«Bajo un aparente manto legal, la representación estatal toma acciones tendientes a cerrar los espacios operativos de las organizaciones, estableciendo nuevos requisitos de forma ambigua y arbitraria, para su pleno funcionamiento legal», denunció.
La ONG concluyó que las acciones d la administración de Nicolás Maduro representan «un grave obstáculo» al trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de trabajo humanitario.
