Manuel Figueroa Véliz
En Venezuela, los servicios públicos no siempre han sido los mejores, pero se puede decir que de cierto modo satisfacían las necesidades de la gente; sin embargo, hoy nos damos cuenta lo afortunados que éramos en cuanto a ese tema, ya que nos ha tocado en carne propia, a todos los niveles socioeconómicos y en todos los estados del país, vivir el deterioro de los mismos en los últimos años.
Ni siquiera en Caracas, capital de la República -donde los gobernantes siempre han procurado darle un mejor trato-, los servicios públicos funcionan como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 117: “Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad…”
Hasta ahora, las protestas en las calles habían sido por gas y comida; pero cada día se incrementan las quejas por las constantes fallas eléctricas, el mal funcionamiento de la telefonía fija que presta Cantv, lo que afecta el internet tan necesario en estos tiempos de pandemia para que los niños, jóvenes y adultos puedan cumplir puntualmente con sus obligaciones diarias, como recibir clases en línea, cumplir con asignaciones laborales y hacer diligencias personales a través de la red.
En cada semana de flexibilización observamos, por ejemplo, en las puertas de la telefónica -ubicada en la calle Montes, de la ciudad de Cumaná- a grupos de personas que, durante horas, esperan ser atendidos por algún funcionario para que les dé respuestas a sus reclamos. Por lo general, es el vigilante a quien le toca lidiar con los impacientes clientes, ya que nadie se atreve a dar la cara; simplemente porque no tienen cómo responder.
La Cantv tiene un servicio de chat vía WhatsApp, por donde reciben las inquietudes de los usuarios. Nos informaron que –en el mejor de los casos- a veces tardan meses para recibir “oportuna y adecuada respuesta”, violando la norma constitucional artículo 51 que reza: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria público sobre los asuntos que sea de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta”.
Olvidan estos empleados del Estado que el mismo artículo ya citado refiere que quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley que rige la función pública, pudiendo ser destituidas del cargo respectivo. Por otra parte, es bueno recordar que en otros tiempos cuando un funcionario público no estaba cumpliendo con su trabajo, era interpelado en la extinta Asamblea Legislativa. Desde que le cambiaron el nombre por Consejo Legislativo Regional, no hemos visto a nadie dando cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades.
Otra de las frecuentes anormalidades que denuncian los usuarios es el cobro exagerado. Facturas mensuales por montos que llegan casi a los 20 millones de bolívares, más de seis dólares. “¿De dónde voy a cancelar esa millonada, si la pensión y los bonos sólo me alcanza para medio comer?”, expresó una señora que, de paso, tiene meses que los delincuentes cortaron los cables por la zona donde vive.
Una recomendación que hacemos a quienes viven el martirio y no son escuchados por quienes ejercen funciones públicas, encaminadas a satisfacer las necesidades de la colectividad, es asesorarse legalmente sobre los procedimientos para agotar el recurso de la vía administrativa, como exigencia para acudir al contencioso administrativo, a fin de que sean protegidos sus derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Una de las cosas más triste es que hasta muchas empresas privadas se han contagiado de la desidia gubernamental. Así podemos citar el caso de la empresa Inter, que ofrece servicios de telefonía, televisión por cable e internet. Basta leer Twitter y revisar su cuenta @InterCliente para darse cuenta de la deficiencia y desmejora de una empresa que hasta hace pocos años se distinguía por su buena atención. Ya es cotidiano que aparezcan mensajes de disculpas por el corte de un cable en determinado sector y que a según, tienen a técnicos solventando el problema. Sin embargo, son miles de reclamos que aseveran no contar con el servicio de internet y TV en varios lugares del país, y que no obtienen respuestas por parte del personal. ¿A quién se recurre en estos casos? El hecho es que si “no nos agarra el chingo, nos agarra el sin nariz”, como reza el dicho popular.
Venezuela se cae a pedazos, ya no es cuestión de sector público o privado, es un todo que arrastró el sistema, por eso mi invitación es a no seguir siendo parte de esa inercia que nos afecta a todos. Vamos juntos a buscar el bienestar común, trabajar con mística y honestidad por nosotros, por nuestra familia, por Venezuela. Se parte del cambio que quieres para tu país.
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