Mujeres nicaragüenses y hondureñas traídas a España para trabajar en el servicio doméstico y vivir en condiciones casi infrahumanas. Hombres rumanos, búlgaros y moldavos que recorren la geografía como temporeros y a los que los tratantes les arrebatan casi todo su salario. Es la otra trata, contra la que también lucha la Guardia Civil española.
Cientos de personas llegan cada año a España engañadas por sus tratantes con la promesa de un trabajo y un salario digno que les saque de la penuria y vulnerabilidad que viven en su países.
Son numerosas las operaciones contra este tipo de explotación que lleva a cabo cada año la Guardia Civil, siempre de la mano de la Inspección de Trabajo y en muchos casos con la colaboración de las ONG, explica a Efe el jefe de la sección de Trata de Seres Humanos en la Guardia Civil, Vicente Calvo.
Pero esta actividad ilícita emerge cada año con cada campaña agrícola y extiende sus tentáculos allá donde la recolección apremia.
No hay en España mano de obra suficiente para realizar estos trabajos y propietarios de explotaciones agrarias recurren a empresas de empleo temporal para que les suministren temporeros.
Lo que no saben es que una parte de ellas han sido constituidas por organizaciones criminales dedicadas a captar a esos trabajadores, a los que les cobran por el traslado a España, el alojamiento e, incluso, por el transporte hasta las fincas.
Y no solo eso. Se hacen con sus tarjetas de crédito y les arrebatan prácticamente todo su salario de las cuentas bancarias que les obligan a abrir.
Son redes formadas por personas de la misma nacionalidad que sus víctimas, rumanos y búlgaros la mayoría, que captan a los trabajadores en zonas rurales de esos países, donde viven en una situación muy precaria.
Calvo explica cómo desde hace un tiempo están llegando a España mujeres procedentes de Nicaragua y Honduras, captadas por sus propios parientes para cuidar a dependientes, mayores o enfermos. Estas víctimas llegan a contraer una deuda con sus captores del equivalente a unos 7.000 dólares por el viaje y la documentación. No logran saldarla.
Precisamente, en una de las operaciones la Guardia Civil desarticuló un clan familiar nicaragüense que desde 2016 había esclavizado a cincuenta mujeres.
Los empleadores las pagaban en “negro” y las víctimas tenían que entregar el 85 por ciento del salario a la red.
EL ALOJAMIENTO: BARRACONES, TIENDAS DE CAMPAÑA E, INCLUSO, POCILGAS
No ocurre en todos los casos, pero sí en muchos. Las redes también se encargan de alojar a sus víctimas y lo hacen en barracones, tiendas de campaña, viejas viviendas donde tienen que convivir hacinadas… Incluso, en naves antes dedicadas a criar cerdos y apenas adecentadas.
Comenta Calvo que en una ocasión pudo comprobar cómo los tratantes vivían en la zona “buena” de la casa, con varios baños incluso, y alojaban a las víctimas en lo que antes eran cuadras.
También en otra operación pudieron ver cómo los explotadores vivían en un chalet y los explotados en “roulottes” de desgüace hacinados.
En algunos casos, cuando las víctimas terminan su jornada en el campo, les obligan a hacer otras tareas, como preparar el alojamiento para otros temporeros, trabajar en las huertas o arreglar el jardín.
Pero es tan penosa su situación en sus países de origen, que alguna víctima ha llegado a decir a los agentes que al menos le daban de comer y un euro para tomar un café.
Ese conformismo no es generalizado en todas las víctimas. De hecho, algunas se atreven a denunciar.
Calvo dice que son más habituales estas denuncias que las de víctimas de explotación sexual. Se sienten engañados cuando comprueban que las condiciones y el salario no se ajusta a lo que les prometieron y acuden a las fuerzas de seguridad.
Por el contrario, en víctimas de explotación sexual, además del miedo a las redes hay un componente de sentimiento de culpabilidad, de creer que están haciendo algo reprochable.
