Este lunes 20 de septiembre el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid rechazó la petición de medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Venezuela, a través de las cuales el Ejecutivo Nacional reclamaba el acceso a los activos financieros (25 millones de euros) que se encuentran bloqueados en tres bancos españoles y los cuales pertenecen a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
El pasado mes de febrero el Gobierno venezolano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, había solicitado también la suspensión del nombramiento del ciudadano Enrique Castells, uno de los aliados del dirigente ultraderechista Juan Guaidó, como administrador único de la filial europea de la CVG.
Esta compañía, junto a la estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), se ha constituido como uno de los motores económicos más importantes de nuestro país. Mediante la misma se procesan, entre otros recursos naturales, el oro, el aluminio y los metales preciosos.
Catells, por cierto, fue colocado por Guaidó como cabeza de la Internacional Filial Europea (SLU) el día 3 de enero de 2020. Entre una de las primeras acciones tomadas por este nuevo administrador destacó la destitución de la gestora de la empresa, María Rosario Falcón.
Según el diario español El Mundo, a la hora de efectuar la solicitud de las medidas cautelares, el Gobierno de Venezuela alegó que tanto Guaidó como sus cómplices infringieron las normas para la convocatoria y celebración de la Junta General. El Ejecutivo de nuestro país recalcó que Castells no se encuentra legitimado para “convocarla y constituirla, ya que no podía actuar en representación del socio único”.
“Esta actuación es contraria a la buena fe y constituye un abuso de derecho y los acuerdos adoptados son contrarios al orden público”, destacó el gobierno. “Existe el riesgo de que el señor Castells pueda dejar sin fondos a la filial europea de la CVG, siendo de imposible recuperación”, agregó.
No obstante, de acuerdo al medio antes citado, el Juzgado habría dictaminado que ninguna de las razones invocadas justifica de forma suficiente la urgencia del Gobierno venezolano. “No concurren los requisitos necesarios de urgencia y necesidad”, habría concluido el tribunal.
Recordemos que, aunque los ejecutivos nombrados por Guaidó actualmente se encuentran al mando de la dirección y administración de la filial de la CVG en España, los bienes de dicha compañía se encuentran bloqueados y a la espera de que la justicia dicte una orden que los libere. Los 25 millones de euros de la empresa, por cierto, se encuentran distribuidos entre los bancos Cajamar, BBVA y Banco de Sabadell.
