La abogada Soranib Hernández de Deffendini, experta en derecho internacional, señaló que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solo podría detener la investigación sobre el caso de Venezuela, si se lleva a cabo el enjuiciamiento de miembros del alto mando del Estado responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
El memorando de entendimiento firmado entre el fiscal Karim Khan y Nicolás Maduro establece que la CPI «apoyará cualquier esfuerzo sincero y significativo que emprenda el gobierno venezolano para reformar y revitalizar el sistema judicial y penal a fin de permitir una verdadera rendición de cuentas en Venezuela para las víctimas de presuntos delitos».
Sin embargo, para la Fiscalía de la CPI no basta con dictar sentencia a algunos funcionarios de organismos de seguridad del Estado que hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos. El Poder Judicial tendría que juzgar también a toda la cadena de mando (presidente, vicepresidente, ministros, etc) responsable de que estos crímenes se llevaran a cabo, explicó a El Nacional Hernández de Deffendini.
«No hay una verdadera voluntad de juzgar al alto mando porque hasta los momentos no existe un solo antejuicio de mérito en proceso. Además, la justicia venezolana es en parte responsable de las violaciones a los derechos humanos en el país y es muy difícil que emprendan acciones en contra de ellos mismos», señaló la miembro de la Comisión Venezolana para la Justicia Penal Internacional.
La abogada señaló que para que en Venezuela se pueda enjuiciar al alto mando primero se tendría que levantar la inmunidad penal de estos funcionarios. Mientras que en la CPI sí se puede juzgar a un presidente en funciones si hay pruebas suficientes.
El gobierno de Maduro manifestó durante la visita de Khan a Venezuela que colaborará plenamente con la CPI en la fase de investigación, pese a que no está de acuerdo con la decisión.
Sobre este punto, Hernández de Deffendini indicó que aun cuando el Estado intentara dificultar a la CPI el proceso para recabar pruebas, esto solo jugaría a favor de las víctimas y no evitaría que la Fiscalía obtenga información por otros medios.
