En la madrugada del día miércoles, un hombre de 60 años fue linchado hasta la muerte tras haber atropellado y matado a una mujer embarazada y a una niña de 1 año, ambas pertenecientes a la comunidad Emberá, según el informe de las autoridades.
La Alcaldía de Bogotá dijo que el hombre “murió en medio de un acto de justicia propia por un grupo de indígenas que llegó al lugar del incidente”, en la vía Funza-Siberia, en las afueras de la capital.
En declaraciones a un medio local, el general Jorge Luis Vargas, director general de la Policía Nacional de Colombia, dijo que ya se comenzó “una labor de recolección de información, de ubicación de personas, identificación de posibles responsables, qué delitos se cometieron y estamos en ese proceso de inmediato”.
El hombre, quien se desempañaba como conductor de un vehículo recolector de basura, residía en el municipio Guasca, a unos 60 kilómetros de Bogotá.
En un video publicado en redes sociales, el alcalde de Guasca dijo rechazar “total y absolutamente las acciones desproporcionadas y violentas” que ocurrieron tras el atropellamiento.
“Imploro a las autoridades que lleguen a las últimas consecuencias, no podemos permitir que esto sea tomado por la justicia ordinaria”, dijo el alcalde de Guasca, Omar Cifuentes. “Ellos son ciudadanos que cometieron este acto, a pesar de su condición de indígenas, es importante que les caiga todo el peso de la ley y que sean judicializados como cualquier ciudadano colombiano”, agregó.
Además, informó que el municipio izará las banderas de Guasca a media asta en señal de luto por 3 días.
Desde Bogotá, el jefe de Gabinete y vocero de la alcaldía, Luis Ernesto Gómez, dijo que la investigación fue asumida por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Según un comunicado de la alcaldía que recoge declaraciones de Gómez, “no hay en Colombia ningún amparo de justicia propia para grupos étnicos donde puedan cometer un homicidio. Por eso está en manos de la Fiscalía la investigación”.
En el país rige una jurisdicción especial indígena, que reconoce la autoridad de los pueblos a resolver sus conflictos según sus costumbres. La Carta Magna colombiana protege los derechos de los indígenas y su capacidad de “ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la República”.
De acuerdo con la alcaldía, unos 620 indígenas están asentados en distintos puntos de la capital. Los integrantes de la comunidad Emberá que están en Bogotá reclaman mejores condiciones de seguridad en sus territorios, así como inversión social y planes de desarrollo en la zona rural del departamento de Risaralda, en donde habitan la mayoría de ellos.
Bogotá, según la alcaldía, ha “brindado alojamiento, alimentación, cuidado, protección, salud, educación y recreación para los indígenas Emberá que permanecen en Bogotá, pero lo ocurrido en las últimas horas demuestra que toda la institucionalidad debe garantizar prioritariamente la vida y los derechos de estas comunidades para que retornen a sus lugares de origen, como los 1.185 que ya lo han hecho de manera voluntaria”.
Información de CNN
