Hace siete años, la comunidad LGTB en Venezuela solicitó la aprobación del matrimonio igualitario y aún no tienen respuesta. Hoy, 31 de enero, acudieron a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para protestar por el retardo procesal y la falta de decisión sobre la materia.
Giovanni Piermattei, presidente de la ONG Venezuela Igualitaria, explicó que protestan por la inconstitucionalidad del artículo 44 del Código Civil, que se interpone en que parejas del mismo sexo puedan casarse, y por la omisión de la Asamblea Nacional que desde 2014 tiene un proyecto de ley de matrimonio igualitario al que ha hecho caso omiso.
Además resaltó: «Los movimientos evangélicos fundamentalistas cristianos que hacen vida dentro de los partidos aliados al partido de gobierno hacen un enorme peso (…) no es desconocido que en Latinoamérica este movimiento ha crecido enormemente y ocupando espacios de decisión importante”.
Una petición ignorada
«Estamos exigiendo al TSJ que se vuelva a hablar sobre el proyecto de ley del matrimonio civil igualitario, son 7 años de retardo procesal cuando -la ONG- Venezuela Igualitaria introdujo esta propuesta de ley ante el TSJ», declaró a la AFP Karina Mantilla, de 30 años, quien lucía un vestido blanco de novia.
«Tenemos tres años de pareja y tres meses de comprometidas y en algún momento quisiéramos que todo esto que ven acá sea real», añadió.
Existir sin derechos
Venezuela, un país fervorosamente conservador y religioso, está atrás en la fila de Latinoamérica en cuanto a derechos de la población LGBTI.
El código civil venezolano, por ejemplo, establece que el matrimonio solo puede contraerse entre un hombre y una mujer, y la comunidad ha pedido durante años una reforma a la normativa.
Las autoridades han prometido, en diversas oportunidades, avanzar en materia de igualdad de género, pero hasta la fecha no hay pasos concretos. Un ejemplo de ello es que en octubre de 2020, Nicolás Maduro solicitó a la Asamblea Nacional chavista discutir sobre el matrimonio igualitario, pero ni siquiera se ha nombrado.
«No hay voluntad por parte del Estado» para avanzar en leyes que favorezcan a la comunidad, reclamó el director de la ONG País Narrado, Dani Toro, de 27 años.
«Incluso países más conservadores como Brasil o Colombia, que uno podía decir que eran más conservadores, han avanzando», precisó a El Estímulo.
Con información de El Estímulo
