Colombia y Perú son los principales países dónde mujeres venezolanas enfrentan violencia de género, múltiples formas de violencia en el espacio público, en sus casas y en el trabajo.
En estos países, según un nuevo informe de Amnistía Internacional, titulado Desprotegidas: Violencia de Género Contra Mujeres Venezolanas Refugiadas en Colombia y Perú, las víctimas no logran acceder a la justicia ni a los servicios de salud, debido a la existencia de estereotipos relacionados con su género, nacionalidad e identidad de género, entre otras cosas.
La ONG señaló que dichos estereotipos les ocasionan a las mujeres migrantes nuevos episodios de violencia y discriminación cuando intentan presentar una denuncia. Para muchas, la falta de estatus migratorio regular y de información sobre sus derechos agudiza estas dificultades. El informe expone cómo las autoridades colombianas y peruanas están fallando en garantizar los derechos de las mujeres venezolanas a una vida libre de violencia y discriminación.
«La protección contra la violencia de género debería ser una prioridad de todos los Estados en las Américas, así como la protección de quienes huyen de violaciones masivas de derechos humanos en sus países de origen. En el caso de las mujeres refugiadas venezolanas, estás más bien enfrentan una doble y brutal desprotección, como lo revela nuestro informe sobre la situación en Colombia y Perú”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Más de 6 millones de personas han abandonado Venezuela en los últimos años debido a masivas violaciones de derechos humanos, señala la ONG, Colombia y Perú son los países que más personas venezolanas han acogido, sumando más de 50% de todas las personas que han huido de Venezuela (1,84 millones y 1,29 millones respectivamente).Amnistía Internacional considera que las personas venezolanas cuentan con necesidades de protección internacional y tienen derecho a solicitar el reconocimiento de su condición de personas refugiadas.
En el espacio público, explica el informe, las agresiones ocurren tanto en las rutas migratorias como en sus lugares de residencia. En el ámbito familiar, enfrentan violencia económica, patrimonial, física y sexual, predominantemente de sus parejas o exparejas. Y en cuanto al entorno laboral, sufren diversas formas de violencia y explotación laboral, incluida la cooptación para trabajo con fines de explotación sexual.
Ante esta violencia omnipresente, Amnistía Internacional concluye que los Estados colombiano y peruano claramente no cumplen con su obligación de garantizar una vida libre de violencia y discriminación a las mujeres refugiadas venezolanas, ni de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género.
“Muchas mujeres venezolanas, víctimas de violencia machista y cuyas vidas están en riesgo, prefieren no denunciar por temor a ser expulsadas del país, debido a su estatus de documentación.
La situación de violencia y vulnerabilidad que enfrentan se agrava por la ausencia de protocolos especializados para atenderlas y protegerlas. La regularización migratoria es un paso fundamental para que puedan denunciar las violencias que enfrentan”, sostuvo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
La ONG además informó que esta investigación se realizó durante el primer semestre de 2022 de manera virtual y en terreno, incluyendo misiones a Lima y Tumbes en Perú, y Bogotá, Cúcuta y Soacha en Colombia.
Cifras oficiales sostienen que la violencia de género contra mujeres refugiadas venezolanas en Colombia aumentó 71% entre 2018 y 2021, y en Perú 31% entre 2019 y 2021. La xenofobia, el estatus migratorio, los mitos sobre la inseguridad provocada por personas extranjeras, los prejuicios relacionados con la sexualidad percibida de las mujeres, aunado a los roles de género preestablecidos socialmente, aumentan la vulnerabilidad de mujeres venezolanas refugiadas.
Amnistía Internacional exhorta a las autoridades de Colombia y Perú a que adopten medidas inmediatas para que las mujeres venezolanas puedan gozar de una vida libre de violencia, sin discriminación por su género, nacionalidad, estatus migratorio o cualquier otro motivo.
