Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión un adolescente de 16 años, quien admitió su responsabilidad en la muerte del dominicano Manuel Reinoso (77), hecho ocurrido el pasado 11 de noviembre de 2012, en la su residencia ubicada en Porlamar, estado Nueva Esparta.
En la audiencia preliminar, la fiscal 7° de esa jurisdicción, Roanny Fina, ratificó la acusación contra el adolescente por el delito de homicidio calificado por motivos innobles, previsto y sancionado en el Código Penal. En ese sentido, el Tribunal 1° de Control de Nueva Esparta, una vez que el acusado admitió su responsabilidad en el hecho, dictó la referida sentencia condenatoria contra el adolescente, quien permanece recluido en el Centro de Internamiento para Varones Los Cocos.
Es importante señalar que conforme con lo establecido en la legislación nacional, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 628, y tratados internacionales suscritos por la República, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño del 26 de enero de 1990 (la cual tiene ley aprobatoria en Venezuela de fecha 20 de julio de 1990), ningún venezolano que tenga menos de 18 años puede ser sancionado a una pena mayor a los cinco años de prisión.
El hecho ocurrió en la fecha antes mencionada, en horas de la madrugada, cuando el ahora condenado se encontraba en la calle Nueva Esperanza del sector Achípano II en Porlamar, cerca de la residencia de Reinoso, en compañía de un grupo de hombres. En ese momento, se produjo una discusión entre éstos; por lo que el adolescente le quitó el arma de fuego a uno de ellos y se alejo del lugar.
Posteriormente, el joven ingresó a la casa de la víctima lugar en el cual cometió el hecho delictivo. El cuerpo de Reinoso, encontrado por un amigo, presentaba un impacto de bala en la cabeza. El adolescente fue detenido el pasado 12 de noviembre de 2012, por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, para luego ser puesto a la orden del Ministerio Público.
