Un avión con un total de 115 migrantes venezolanos varados desde hace semanas en la frontera de Chile con Perú partió este domingo hacia Venezuela, como parte de un programa gubernamental de repatriación, impulsado por el Gobierno Nacional.
La Cancillería chilena explicó en un comunicado que las personas «abordaron el vuelo en completa normalidad, cumpliendo previamente con los requisitos establecidos por el Consulado de Venezuela en Chile, en coordinación con las autoridades nacionales pertinentes, y con apego a la legislación y normativa chilena, desde el enfoque de derechos humanos», destaca Efe.
El vuelo se realizó con una aerolínea privada y no con la pública venezolana Conviasa, y partió rumbo a Caracas desde la ciudad fronteriza de Arica, a 2.000 kilómetros al norte de Santiago.
«Este resultado es consecuencia de las gestiones diplomáticas realizadas por la Cancillería para dar respuesta a la urgencia que se presentaba en la zona norte», indicó la Cancillería chilena.
El vuelo fue costeado por el Ejecutivo Nacional y forma parte del programa «Vuelta a la Patria», gracias al cual ya han retornado a su país cerca de 30.000 venezolanos desde 25 países distintos, según cifras del Gobierno venezolano.
«Se continuarán las gestiones diplomáticas con el objetivo de concretar futuros vuelos de repatriación desde distintos puntos de Chile, y de esta manera, acoger la demanda de las personas que quieren regresar a su país de origen», apuntó el ministerio chileno.
En el punto limítrofe de Perú y Chile, conocido como Línea de la Concordia, centenares de migrantes, la mayoría venezolanos y haitianos sin documentación, se encuentran varados desde hace más de dos semanas sin poder retornar a territorio chileno ni ingresar a Perú, sin agua, alimentos o servicios sanitarios.
Chile, que mantiene su frontera militarizada desde finales de febrero, ha endurecido en los últimos tiempos sus políticas contra la migración ilegal para tratar de frenar la crisis de seguridad que atraviesa el país.
Perú, por su parte, decretó también la semana pasada el estado de emergencia por 60 días en sus fronteras y ordenó el envío de militares para reforzar la vigilancia.
La militarización de la frontera común ha sido ampliamente cuestionada por organismos como Amnistía Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y elevó considerablemente la tensión política entre ambos Ejecutivos la semana pasada.
La Cancillería chilena dijo además que «seguirá profundizando el diálogo con todos los países de la región, ya que solo a través de la cooperación se abrirán espacios que permitan abordar la crisis migratoria regional a mediano y largo plazo».
Con información de Efe
