Este jueves, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, afirmó que las seis personas, integradas en una banda delictiva que fueron condenadas recientemente, recibieron la sentencia por los delitos de conspiración y asociación donde apuntaba a atentar contra la paz y la seguridad el país, al mismo tiempo que negó que fueran líderes sindicales. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, detalló que esta condena se realizó el pasado 1 de agosto.
«No son líderes sindicales, no pertenecen a ningún sindicato. No se encontraban realizando alguna labor ligada a una lucha social, ninguno es trabajadores activos, ninguno está registrado en el IVSS, aparecen como desempleados», aseveró durante una rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público en Caracas.
Los condenados fueron los ciudadanos Alcides José Bracho, alias Víctor; Emilio Antonio Negrin, alias Pírela; Gabriel José Blanco, alias Ricardo; Reinaldo Cortez, alias Cortez; Alonzo Valentín Meléndez, alias Valentín; y Néstor Astudillo, alias Orlando.
Los ciudadanos fueron condenados por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Juicio con Competencia en Casos de Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada, por los delitos de conspiración y asociación a cumplir una pena de 16 años de prisión.
Estos seis hombres —detalló Saab— pertenecían a una organización subversiva y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular (URP).
En este sentido, el Fiscal General de la República manifestó que en las investigaciones se obtuvo evidencia concluyente que este grupo tenía en sus planes, realizar varias acciones en contra del Gobierno Nacional.
Entre los hechos se pretendía atacar la sede del Alistamiento Militar, ubicado en San Jacinto, en Mérida, “para apropiarse de armas que estaban en ese recinto, que contaba con más de 120 fusiles”.
De igual forma, se detectó que estas personas buscaban generar caos durante los actos del 5 de julio, donde se encontraba presente el jefe de Estado venezolano.
«Los condenados actuaron como miembros de esa estructura delictiva en la ejecución de acciones en distintos estados como Zulia, La Guaira, Falcón y Distrito Capital, y siendo apoyados desde la República de Colombia», indicó.
En ese sentido, el fiscal mostró una fotografía en donde los representantes del Ministerio Público sostuvieron una reunión con Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, y la delegación de la ONU, en donde conversaron sobre el caso de estas 6 personas y quedaron satisfechas.
No son presos políticos
Saab aprovechó la oportunidad para explicar que aquellas personas que son detenidas por realizar cualquier acto delictivo no pueden ser consideradas presos o perseguidos políticos, porque han cometido hechos punibles, como por ejemplo actos terroristas, golpes de Estado o intento de magnicidio.
«Venezuela es el único país (…) que personas que son detenidas en flagrancia, en golpes de Estados, intento de magnicidio (…) personas convictas y confesas que sí iban a realizar un delito, sean presentados como presos políticos», manifestó.El fiscal recordó que «incluso al Koki y al Picure los quisieron poner como perseguidos políticos, quienes pertenecieron a grupos delictivos, de pronto son lideres sindicales, lideres gremiales, los convierten de la nada en oradores y filósofos».
Asimismo, indicó que muchas veces estos delincuentes son financiados por Estados Unidos o por gobiernos de la Unión Europea.
