Bandas armadas provocan desplazamientos masivos de la población, por los secuestros y asesinatos de pacíficos ciudadanos, y la violencia ejercida contra mujeres y niños
El Gobierno de Haití ha declarado el estado de emergencia y el toque de queda por un período de 72 horas renovable en el departamento del Oeste, donde está Puerto Príncipe, debido a la «degradación de la seguridad» y los ataques antigubernamentales a manos de las bandas armadas que exigen la inmediata «dimisión» del primer ministro Ariel Henry y la celebración de una «elecciones democráticas» inmediatas en el país.
En un comunicado, el Ejecutivo haitiano indica que a fin de «restablecer el orden y tomar las medidas apropiadas para recuperar el control de la situación«, el toque de queda estará en vigor el lunes, martes y miércoles desde las 18:00 a las 05:00 horas.
Esta medida no afecta a los miembros de la fuerza pública que estén de servicio, los bomberos, los conductores de ambulancias, personal sanitario y periodistas debidamente identificados.
«Las fuerza del orden han recibido el mandato de usar todos los medios legales a su disposición para que se respete el alto el fuego y detener a los infractores», agrega la nota firmada por Patrick Michel Boivert, que actúa como primer ministro en ausencia de Ariel Henry.
Se toma esta medida en el departamento del Oeste por la degradación de la seguridad, en especial en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, «caracterizada por actos criminales cada vez más violentos perpetrados por las bandas armadas que provocan desplazamientos masivos de población, y consistentes sobre todo en secuestros y asesinatos de pacíficos ciudadanos, violencia ejercida contra mujeres y niños, saqueos y robos de bienes públicos y privados».
En su texto, el Gobierno se refiere a los ataques contra las dos mayores cárceles del país, La Capitale y Croix des Bouquets, «causantes de muertos y heridos en las filas de la Policía y del personal penitenciario, la fuga de prisioneros (más de 3000) y actos de vandalismo de esos lugares», unas acciones que «ponen en peligro la seguridad nacional», añade el texto.
