El abogado constitucionalista y analista político de la consultora económica IHS Global Insight con sede en Londres, Diego Moya-Ocampos, señaló que la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de darle “continuidad administrativa” al mandato de Hugo Chávez pone de manifiesto el control del Ejecutivo sobre los poderes públicos del Estado
“El dictamen de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, le ha dado legalidad a la tesis de continuidad administrativa lo cual deja en entre dicho su autonomía lo cual significa una especie de golpe de estado institucional”, expresó el abogado constitucionalista y analista político de la consultora económica IHS Global Insight con sede en Londres, Diego Moya-Ocampos
Ello ante la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual consideró luego de la interpretación del alcance y contenido del artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referente a la juramentación del presidente Chávez, que pese a que hoy 10 de enero se inicia un nuevo período constitucional, “no es necesaria una nueva juramentación porque no hay una interrupción en el ejercicio del cargo».
De esta manera el poder judicial dictaminó la “continuidad administrativa” ante la ausencia del presidente Chávez por lo cual el gabinete ministerial sigue ejerciendo sus cargos.
El jurista explicó que el TSJ está legitimando un Gobierno de facto en el que pese a que la figura de Hugo Chávez está a la cabeza pero quienes realmente ejercen el poder son el Vicepresidente Nicolás Maduro y desde la Asamblea Nacional Diosdado Cabello.
Reiteró que de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en la tradición jurídica quién debería ser el presidente de la Asamblea Nacional quien asuma la presidencia y no el vicepresidente Maduro.
“Anomalía institucional”
De acuerdo al análisis hecho por Moya-Ocampos la decisión del TSJ que pone de manifiesto el control que ejerce el Estado sobre los poderes públicos. “Esto deja en entredicho la autonomía del ente judicial y es una muestra más que en el país no existe la independencia o división de los poderes. El Ejecutivo Nacional Controla el Tribunal Supremo de Justicia, controla la Asamblea Nacional, controla la Fiscalía General de la República, etc”.
“El Presidente de la Republica dejó instrucciones claras de cual debería ser el proceder, pero lo que estamos viendo realmente es el uso de las instituciones del Estado para de alguna manera cumplir con los fines de la tesis oficialista y que el Vicepresidente de la República en la práctica ejerza las funciones de Presidente”, dijo.
De igual forma, destacó que las instituciones del Estado están en manos del Ejecutivo y prestándose para darle carácter legal a las opiniones del Gobierno.
Por otra parte, destacó que con la sentencia el TSJ se ha dejado la puerta abierta a que la juramentación del Presidente tenga lugar fuera del territorio nacional, al no contemplar ni donde, ni cuando, ni como será.
Nelyabith Bello / nbello@diariolavoz.net / @nelyabithbello
