La más reciente investigación realizada por Una Ventana a la Libertad reveló que los familiares de los detenidos que se encuentran en los centros de detención preventiva del país son víctimas, por igual, del sistema penitenciario venezolano.
En el documento, titulado “Familia de los detenidos en los centros de detención preventiva: Víctimas por parentesco”, se explica detalladamente que tener a un familiar detenido en un calabozo policial venezolano tiene graves consecuencias psicológicas, económicas y sociales.
La investigación demuestra que los parientes, en su mayoría mujeres de muy bajos recursos económicos, se ven en la obligación de resarcir las deficiencias e incumplimientos del Estado venezolano.
Luego de entrevistar a un grupo de familiares la organización llegó a la conclusión de que visitar, alimentar, mantener sano y trasladar a tribunales a un detenido puede tener un costo mensual aproximado de 300 dólares americanos. Cabe destacar que esta cantidad no incluye el pago de honorarios a un abogado privado.
Ataques de pánico
Los familiares entrevistados para esta investigación manifestaron que al tener conocimiento de que uno de sus parientes había sido detenido sufrieron ataques de pánico y sintieron mucho miedo.
Las madres, de manera muy particular, manifestaron que tener un hijo detenido, sin entrar en el tema de la culpabilidad o no, es un duelo, en consecuencia, la situación se traduce en un largo proceso de aceptación y adaptación a esa nueva realidad.
“Es un proceso que vamos asumiendo con el paso del tiempo y con mucho dolor”, indicaron las mujeres.
Las madres, hermanas y esposas agregaron que ellas son castigadas y humilladas constantemente, es decir, los funcionarios o custodios y la sociedad en general las trata como si fueran culpables del error cometido por el familiar que se encuentra detenido. “Tener a un familiar detenido produce rupturas muy graves en el seno de la familia”, indicaron.
Todos los testimonios apuntan a que los familiares de los detenidos sufren estrés prolongado, trastornos de sueño, mucha rabia y angustia. El retardo procesal es otro de los aspectos que genera, entre los familiares de los detenidos y detenidas, otra emoción negativa denominada impotencia.
Consecuencias económicas
En esta investigación, la organización dirigida por el abogado Carlos Nieto Palma tomó en consideración el contexto socioeconómico que vive la Venezuela de hoy, de hecho, destacan que más de la mitad de las familias venezolanas tienen solo a una mujer asumiendo las riendas del hogar y que el sueldo mínimo y la pensión de vejez no alcanza los 4 dólares mensuales.
“Por lo general los familiares de los detenidos trabajan en el sector informal, cuidando a personas de la tercera edad o limpiando casas de familias adineradas”, se aprecia en el documento.
De igual manera la organización destaca que la deserción escolar, la migración, la desnutrición y la falta de oportunidades son galopantes dentro de la sociedad venezolana.
Demandas y exigencia
Ante la situación antes descrita los familiares de los detenidos exigen, entre otras cosas, agilizar los procesos judiciales, mejorar el sistema de administración de justicia, detener la corrupción, disponer de mejores investigadores, hacer seguimiento a los funcionarios, escoger minuciosamente a quienes realizan las funciones de defensoría, mejorar los espacios en los CDP y suministrar alimentación adecuada a los detenidos.
