Edmundo González Urrutia, la líder opositora María Corina Machado y la Plataforma Unitaria, emitieron un comunicado este miércoles, sobre las recientes actuaciones de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, quien lleva a cabo el peritaje de las actas de votación de las elecciones presidenciales.
«La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y la haremos respetar (…) Sobre la pretensión de validar el fraude electoral a través del TSJ…», expresó María Corina Machado.
‘Cuando el pueblo vota y decide, los poderes acatan‘
El 28 de julio de 2024, el pueblo de Venezuela habló. Ese día, con su voto, dio un mandato en claro cumplimiento del artículo 5 de nuestra Constitución: «La soberanía reside intransferiblemente en el Pueblo.
La ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos». El pueblo decidió que el nuevo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2025-2031 es Edmundo González Urrutia.
Se trata, sin duda, de la gesta cívica más importante del siglo XXI. Millones de electores, con sus votos, abrieron las compuertas al futuro democrático de Venezuela.
La decisión del pueblo no puede ser ignorada por ninguna persona, no importa la posición de poder en la que esté, por ningún órgano del poder público y mucho menos por quienes pretenden aferrarse al poder.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe hacer valer lo que el pueblo ordenó y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Como hemos reiterado en distintas comunicaciones, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no puede atribuirse las funciones y facultades del órgano electoral, pues no le competen.
El CNE es el órgano constitucionalmente obligado a totalizar los votos de los venezolanos y a publicar las actas de escrutinio de esos votos. Sin embargo, contrariando el artículo 146 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), esa institución no cumplió con los lapsos previstos y se ha negado a presentar los resultados de cada mesa electoral.
La Sala Electoral del TSJ no está facultada en circunstancia alguna para ejercer esas funciones. De hacerlo, estaría violando el principio de separación de los Poderes Públ
icos, claramente establecido en fondo y forma en la Constitución. Estaría, además, invadiendo el exclusivo deber del CNE y pisoteando la decisión del pueblo expresada en las urnas.
Conforme a nuestra Constitución, sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la Sala Electoral que pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer. Los magistrados de dicha Sala estarían violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa. A tal efecto, tal y como reza el artículo 138 de nuestro texto constitucional: «Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.
Los venezolanos conocemos los resultados electorales del 28 de julio, aunque hasta el día de hoy, más de tres semanas después de los comicios, el CNE no ha publicado los resultados y no ha cumplido con el desarrollo de pautas de verificación y control. Es inconcebible que el organismo electoral haya hecho anuncios de resultados, así como una proclamación, sin ofrecer las pruebas que nosotros sí tenemos y hemos puesto a disposición de los venezolanos y el mundo. Exigimos transparencia y cumplimiento estricto al Estado de Derecho. No aceptaremos la judicialización del cambio democrático que el pueblo decidió.
Agradecemos a los países del mundo que han expresado la necesidad de una auditoría internacional independiente y confiable de las actas, en la sede del CNE y con presencia de representantes de las fuerzas políticas. Y así mismo, alertamos que se pretende aniquilar judicialmente la Soberanía Popular.
Los venezolanos debemos tener la seguridad de que Edmundo González Urrutia será reconocido como Presidente Electo de Venezuela y el 10 de enero de 2025 asumirá como Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional.
Las buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las leyes; y el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad – Simón Bolívar.
