Un dicho muy popular dice “las palabras se las lleva el viento”, regla de las relaciones personales y comerciales en nuestro país. Hay una paradoja interesante de analizar: no creemos en la palabra que empeñamos, ni en la de otro, pero no formalizamos nuestras relaciones por escrito, ni las revestimos de legalidad suficiente para evitar los conflictos que se generan del poco poder de las relaciones verbales. En este tema se mezclan, casi sin un límite claro, los principios y los valores con los aspectos jurídicos. La palabra de un hombre de buena fe debería tener el peso suficiente para generar derechos y responsabilidades.
El Código Civil establece que los contratos no necesariamente deben ser escritos, sino por el contrario tienen validez los acuerdos verbales, en los que las partes se comprometan a realizar alguna contraprestación a favor de otro. Desde el punto de vista moral, con tristeza, hay que reconocer que los valores han ido perdiendo fuerza cediendo ante los antivalores. El respeto, la tolerancia, la lealtad, la responsabilidad y el valor de la palabra pareciera sólo existen para algunos, quienes quedan como “tontos” tratando de exigir condiciones de igualdad ante aquellos que saben y confían en que la ley no darán respuesta en protección de quien exige se cumpla.
Una necesaria revisión del sistema de justicia civil es impostergable. Es irrefutable: no da respuesta a las necesidades más básicas de los ciudadanos, en sus conflictos interpersonales. Es inconcebible que las deudas entre particulares queden sin solución; que los cheques sin fondos no tengan valor, que los daños a la propiedad privada sean un saludo a la bandera. Ni hablar de las reparaciones mal hechas de albañiles, plomeros, carpinteros, tapiceros y personal técnico que no ofrecen garantía y sobre los cuales no hay control de calidad alguno.
En la medida en que los conflictos pequeños, cotidianos y privados sigan sin solución no habrá un concepto real de justicia, como valor de la sociedad. Una sociedad que no ve satisfechas las necesidades legales, en sus relaciones personales jamás aportará nada en pro de las políticas públicas y el desarrollo de la democracia, porque no confía en sus instituciones y se va convirtiendo en un ser asocial, egoísta, que busca la justicia por propia mano. En definitiva, una secuencia de sucesos anteceden al fracaso de la justicia entre particulares, que se inició en el irrespeto de la palabra que sella un compromiso entre los humanos.
Para muchos gobernantes no tiene relevancia este tema. Asumen que sólo los problemas macro son trascendentes y no queda otra que advertirles su absoluta equivocación. En la medida en que estas cosas queden al margen de la ley y la justicia el círculo vicioso será incontrolable. La inseguridad jurídica produce males en distintos niveles cuyo destinatario final es la lesión constante al Estado de Derecho y de Justicia que promulga la Constitución de la República Bolivariana como máxima rectora de nuestra democracia.
Una constante frustración nos coloca en el camino de la anomia, la histeria colectiva y la anarquía. Pensar que nada se respeta, que nadie cumple con sus compromisos, que vivimos en un país donde todo lo irregular tiene un “arreglo”, donde hay siempre un “compadre” que resuelve, es muy triste porque el resto de la historia que sigue a este artículo no sólo la conocemos sino que la estamos viviendo. En gran medida depende de los ciudadanos cambiar este destino.
TIPS PARA QUE TE DEFIENDAS
- Analiza con detalle quiénes son aquellos con quienes decides establecer una relación comercial o personal que lleve consigo el cumplimiento de obligaciones inmediatas o a plazo. Conocer a la persona, su trayectoria moral y ciudadana es imprescindible para asegurar que tengas una gestión exitosa.
- Sin incitar a que el poder de la palabra se desaparezca como forma de relacionarse y establecer obligaciones, es muy importante dejar claramente establecido, preferiblemente por escrito, cuáles son las obligaciones, contraprestaciones y relevantemente los lapsos para cumplirlos, así como las consecuencias del incumplimiento.
- En casos de préstamos o compromisos de pagos por etapas deben constituirse garantías preferiblemente reales, es decir aquellas donde algún objeto o bien mueble o inmueble, dependiendo del caso, pueda responder en lugar del comprometido.
- Recibos, firmas, papeles donde consten las responsabilidades son pruebas fundamentales para un eventual litigio y para comprobar que existió la relación, con el que no quiere cumplir. Siempre el irresponsable buscará negar su obligación si fue sólo comprometida con la palabra.
- Hay que descentralizar la justicia, establecer mecanismos prácticos que la hagan cercana al ciudadano para dar respuesta a sus angustias y problemas menores.
- No es descartable, como lo he dicho en otras oportunidades, establecer centros de mediación y conciliación de carácter privado o en todo caso municipal, que puedan dar respuesta inmediata y que sean capaces de establecer mecanismos de decisiones vinculantes sin llegar a la represión.
- La educación formal e informal debe establecer actividades y objetivos que refuercen los valores de la justicia, la responsabilidad, el valor de la palabra, la necesidad del cumplimiento de las obligaciones, a la vez que fortalezca el conocimiento de las consecuencias de no actuar apegado a esos principios y valores.
