«Nos parecen apresuradas las apreciaciones y sentencias que se emiten en esa declaración de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas», dijo el canciller Jaua a la televisora estatal al objetar los comentarios que realizó en la víspera esa oficina internacional sobre los sucesos que ocurrieron el 25 de enero
CARACAS. El canciller Elías Jaua objetó el miércoles los comentarios que realizó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que responsabilizó al Estado por el sangriento motín ocurrido la semana pasada en una cárcel del centro del país y dijo que sus apreciaciones fueron «apresuradas».
«Nos parecen apresuradas las apreciaciones y sentencias que se emiten en esa declaración de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas», dijo Jaua a la televisora estatal al objetar los comentarios que realizó en la víspera esa oficina internacional sobre los sucesos que ocurrieron el 25 de enero en la cárcel de Uribana, de la ciudad central de Barquisimeto, donde perecieron 58 personas.
El canciller indicó que el gobierno venezolano recurrirá a los canales diplomáticos establecidos para «brindarle toda la información a esta oficina de las Naciones Unidas como corresponde y como siempre Venezuela lo ha hecho cuando ha sido requerido».
«El gobierno nacional ha venido cumpliendo el conjunto de recomendaciones que se hicieron desde Naciones Unidas durante el período de revisión anual de la situación de derechos humanos en materia de régimen penitenciario. Forma parte de una batalla compleja, de una batalla difícil pero está siendo confrontada todos los días», agregó.
El martes desde Ginebra el vocero de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rubert Colville, quien dijo a la prensa que en esa dependencia estaban «seriamente preocupados» por el motín ocurrido en Uribana y que ese incidente reflejaba un «patrón alarmante de la violencia en las cárceles venezolanas», lo cual consideró que es consecuencia de las «malas condiciones» de esos recintos.
Colville planteó las autoridades estatales competentes tienen las responsabilidad de lo sucede en las cárceles.
Gobierno prolonga la
emergencia carcelaria
La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, dijo el miércoles que en el Consejo de Ministros se anunció que fue aprobado un proyecto de decreto para extender por «tres meses» la «declaratoria de emergencia en materia de infraestructura penitenciaria» para acelerar la construcción de nuevos centros carcelarios. Varela indicó a la televisora estatal que esta medida permitirá dar una «respuesta rápida» al problema carcelario.
En Venezuela existen 32 penales que tienen unos 47.000 reclusos, de acuerdo con registros oficiales, pero que fueron diseñados para albergar a menos de 12.000 personas.
Durante 2011 hubo 560 muertos en los penales venezolanos, cifra que supera la de 2010, cuando se registraron 476 asesinatos.
En el primer semestre del año pasado 304 presos murieron y otros 527 resultaron heridos en diferentes motines y enfrentamientos entre los internos que se registraron en las cárceles del país, según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones.
Varela defendió la gestión del gobierno en el caso de la cárcel de Uribana señalando que «si a alguien le duelen las muertes que se registran en las cárceles venezolanas es al gobierno revolucionario, porque como nunca antes aquí se han respetado los derechos humanos» y sostuvo que no descartaba que «factores políticos estén jugando a encender los penales y generar una tragedia y creo que lo que ha pasado en Uribana contiene ese elemento».
La Asamblea Nacional abrió en la víspera una investigación sobre el motín, el tercero más sangriento en los últimos 20 años.
En la cárcel de Sabaneta, de la ciudad occidental de Maracaibo, se registró en 1994 el motín más violento de la historia del país cuando se reportó más de un centenar de muertos. Dos años antes fallecieron unos 60 presos en un motín ocurrido en una penitenciaría de Caracas que se dio en medio de un fallido golpe.
El incidente ocurrido en la cárcel de Uribana, que fue desalojada el pasado fin de semana tras el violento motín, forma parte de una seguidilla de violentos eventos que se han presentado en los recintos carcelarios venezolanos en los últimos meses. AP
Denuncian ante la CIDH
Un grupo de organizaciones locales de derechos humanos envió en la víspera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y Naciones Unidas la denuncia formal sobre el violento motín de Uribana. Las organizaciones humanitarias remitieron la denuncia a instancias internacionales luego de introducir el martes ante la Fiscalía General de Venezuela un documento de 12 páginas en el que exigían una investigación y sanciones por los hechos ocurridos la semana pasada en la cárcel central donde murieron 58 personas, entre ellas 56 reclusos, un guardia nacional y un pastor evangélico.
AP
