Comisiones de Educación y Contraloría del Consejo Legislativo investigan denuncias e irregularidades en la contratación hecha por la Gobernación
Los Teques, (Especial/ADS). Más de siete mil docentes adscritos a la Gobernación de Miranda, incluyendo sus familiares para un total de 21 mil personas aproximadamente, resultan afectadas por la ausencia del seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad cuyo servicio era prestado por la empresa Altamira y desde noviembre del año 2012 se encuentra sólo atendiendo estrictas emergencias como enfermedades terminales y cesáreas. Sin embargo, la dirección de Educación continúa descontando mensualmente a cada maestro entre 400 y 700 bolívares. La denuncia la hizo la vicepresidenta del Consejo Legislativo de Miranda y presidenta de la comisión de Educación, Cultura y Deporte, Thaís Oquendo, durante un acto organizado por el Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum), en la zona industrial del municipio Plaza, promovido por los profesores Orlando Pérez, María Pacheco y Ana Rosa Oquendo, miembros del sindicato, y donde los maestros pudieron disfrutar de un día ameno con sus hijos así como exponer sus inquietudes sobre los problemas del gremio en esta entidad. Oquendo explicó que la comisión que preside en el Clebm y la comisión de Contraloría, a cargo del legislador Ismael Capinel, están estudiando los expedientes de las denuncias presentadas por los docentes mirandinos en cuanto al HCM, que fue contratado por la gobernación en marzo de 2012 e inexplicablemente cesó en noviembre de ese mismo ejercicio fiscal sin cumplir el periodo estipulado de un año. Según la dirección de Educación del ejecutivo regional están en proceso de licitación para contratar una nueva aseguradora, pero le siguen descontando a los maestros una considerable cantidad de dinero como si sus familiares siguieran gozando del servicio. Oquendo precisó que un maestro por tener a un hijo y a su madre afiliados debe pagar Bs. 197,48 quincenal. Seguros Altamira cubría hasta Bs. 40 mil por cada uno, pero desde que cesó no se ha hecho responsable ni por los contrarembolsos en casos de emergencia o medicamentos que deban costear los docentes, situación que calificó como una estafa similar a la ocurrida en el año 2010 cuando la gobernación contrató por un monto de 155.2 millones de bolívares a Seguros Banvalor y tras la quiebra de esta empresa el ejecutivo tuvo que pedir un crédito adicional de Bs. 20.4 millones para solventar la situación de los trabajadores que se encontraban sin póliza de HCM, a pesar de ser un gasto que ya se había hecho con dicha contratación. »Acudimos a la contraloría para que hiciera una investigación en aquel entonces y determinaron responsabilidades, pues la empresa Banvalor hizo caso omiso de la fianza de fiel cumplimiento que deben firmar las aseguradoras en caso de que presenten algún problema durante la prestación del servicio. Además, se corroboró que hubo irregularidades en la contratación de esta compañía», recordó. La vicepresidenta del Clebm añadió que las irregularidades con el HCM de los docentes han sido recurrentes durante la gestión del gobernador Henrique Capriles, pues siempre utilizan los primeros 3 meses del año para procesos de licitación y a los maestros se les sigue descontando sin beneficiarlos con algún seguro provisional.
En cuanto a estas denuncias, Oquendo recordó que el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública reza: “La Administración Pública será responsable ante los particulares por la gestión de sus respectivos órganos, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los funcionarios o funcionarias por su actuación. La Administración Pública responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares, siempre que la lesión sea imputable a su funcionamiento”, lo cual es vinculante al artículo 140 de la Constitución.
Asimismo citó el artículo 17 de la Ley Contra la Corrupción, el cual establece que “Los funcionarios y empleados públicos deberán administrar los bienes y recursos públicos con criterios de racionalidad y eficiencia, procurando la disminución el gasto y la mejor utilización de los recursos disponibles en atención a los fines públicos”, para referirse a las contrataciones de aseguradoras que ha hecho la Gobernación. NP
Hoy el pueblo en la calle
La legisladora Thaís Oquendo aprovechó para invitar al pueblo mirandino este lunes 4 de febrero a la movilización con motivo de conmemorar la rebelión cívico militar del 4 de febrero de 1992 y cuyos puntos de salida serán la plaza Morelos de la avenida México; la plaza Capuchinos, en la avenida San Martín; y el Parque del Oeste Alí Primera, en la avenida Sucre, para llegar a la plaza Pagüita, cerca del Palacio de Miraflores.
“Estaremos recordando la unión cívico militar de un pueblo y un ejército, comandada por el Presidente Hugo Chávez, hechos que sembraron precedente en la historia venezolana para acabar con la burocracia y la mentira de la mal llamada democracia representativa”, concluyó.
