El consultor jurídico de Globovisión, Ricardo Antela, calificó de «grotesca y obscena» la medida de embargo ejecutivo impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la planta televisiva.
Explicó que el juicio de nulidad de la multa impuesta por los hechos del Rodeo se sigue discutiendo en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
Antela denunció que «esta medida no está contemplada en el ordenamiento jurídico», por lo que el TSJ estaría actuando en contra de la ley, que estipula que de no cancelarse la multa, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) debe iniciar un juicio por intimación. Dicha demanda ya está en proceso, en paralelo al juicio de nulidad de la multa.
Aseguró que el Tribunal Supremo de Justica demostró más interés que Conatel en cobrar la multa al dictar esta sentencia, que incluso afecta el ordenamiento jurídico cuando impone una medida de embargo contra un prestador de servicio público, como lo es Globovisión.
El consultor jurídico advirtió que la primera violación del TSJ es que ningún tribunal ha condenado a Globovisión, porque todavía el juicio de nulidad por la multa está pendiente. Además, explicó que la potestad de aplicar un embargo ejecutivo «sería solo la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y solo al concluir el juicio».
«El TSJ no tiene el juicio en su mano, porque está en otro tribunal. Aun así, inexplicablemente decreta un embargo que no es por el monto de la multa: decide multiplicar el monto por dos y agrega 30% por el costo procesal del Estado para ejecutar esta multa», añadió Antela.
El abogado reiteró que la multa impuesta por Conatel ya había sido denunciada como «confiscatoria», y añadió: «Si la multa original causaba serios problemas económicos, si este embargo se llegara a ejecutar, significaría el cierre definitivo del canal».
Resaltó que esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia ocurre a las puertas de una campaña electoral, y que significa no el cobro de la multa que ha estado en proceso desde el año pasado, sino la posibilidad de que el Gobierno tome los bienes de la empresa. A través de Globovisión se ha denunciado el estado de «absoluta impunidad» que caracteriza a la justicia en Venezuela, indicó Antela.
Antela explicó que la política de Globovisión hasta el día de hoy había sido agotar todas las acciones legales y pagar la multa solo cuando hubiese sido confirmada por un tribunal. Sobre las medidas que se tomarán a partir de la última acción jurídica contra el canal, expresó: «Ante la manifiesta arbitrariedad con que ha actuado el TSJ, solo quedan dos opciones: o pagamos la multa de 9 millones o nos exponemos a un embargo de 25 millones».
El consultor jurídico indicó que Globovisión no solo estaría expuesta a que se ejecute el embargo, «a su vez nos podrían revocar la concesión por haber sido embargados».
Aseguró que Globovisión «tiene la responsabilidad de seguir abierto y seguir informando», por lo que «viendo que no va a haber justicia en este caso» en la mañana del día viernes Globovisión irá al TSJ a cancelar la multa de 9 millones de bolívares. Además, se esperará que el Banco Central de Venezuela (BCV) estipule los intereses moratorios sobre la multa. Globovisión
