notificó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el
proceso que le abrió el Ministerio Público.
Dijo en conferencia de prensa que enfrentará la
imputación que le hará la Fiscalía General este 28 de febrero y
denunció que con este proceso el gobierno lo que busca su
«asesinato moral» Fabiola Sánchez / AP El dirigente
opositor Leopoldo López descartó el martes que vaya a huir del país
ante el proceso judicial que abrieron en su contra por presunta
corrupción, y dijo que de ser apresado eso le traerá consecuencias
al gobierno. La Fiscalía General anunció el pasado 16 de febrero
que acordó citar a López, y a su madre Antonietta Mendoza de López,
para imputarlos por las «presuntas irregularidades en dos
donaciones» que otorgó la corporación estatal Petróleos de
Venezuela S.A. (PDVSA) en 1998 a la asociación civil Primero
Justicia. López, del partido opositor Voluntad Popular, dijo en
conferencia de prensa que no tiene previsto abandonar el país ante
la imputación que le hará la Fiscalía General el 28 de febrero y
denunció que con este proceso el gobierno lo que busca su
«asesinato moral». El líder opositor sostuvo que su enjuiciamiento
responde a una línea del gobierno que aspira a que «en la oposición
no existan referentes que puedan organizar, que puedan movilizar,
que puedan interpretar, que puedan hablar sobre lo que está
ocurriendo en el país». A comienzos de este mes el presidente de la
Asamblea Nacional, diputado oficialista Diosdado Cabello, acusó a
tres de los diputados del opositor Partido Primero Justicia de
estar implicados en hechos de corrupción y propuso el
enjuiciamiento de los dirigentes. Los procesos se dan en medio de
una situación de incertidumbre que enfrenta el país por las
complicaciones de salud que padece el presidente Hugo Chávez por la
reincidencia del cáncer. «No tengo nada que temer. No tengo nada
que esconder, ni hay ningún tipo de irregularidad», indicó López al
negar que él o su madre hayan cometido algún hecho irregular en ese
caso que ya fue investigado por la Contraloría General, ente
encargado de controlar la gestión fiscal, que determinó la
responsabilidad administrativa del dirigente. «Estamos enfrentando
a un estado completamente manipulador de la justicia en donde no se
puede esperar que la justicia recorra los canales que establece la
Constitución y las leyes», dijo el opositor al reconocer que no
confía en la justicia venezolana, pero que está dispuesto a
enfrentarla porque «no tengo nada que temer». López fustigó con
dureza al vicepresidente Nicolás Maduro al que señaló de estar
detrás de su proceso judicial, y lo llamó «cobarde» por involucrar
a su madre en lo que calificó como un caso de «persecución
política». El opositor fue inhabilitado políticamente en el 2005,
siendo alcalde del municipio capitalino de Chacao, por la
Contraloría General que determinó que recibió entre 1998 y 2001
donaciones para su asociación por parte de PDVSA cuando la madre
era gerente de comunicaciones de la corporación. En el 2011 la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) falló a favor
de López que demandó al estado de Venezuela por la supuesta
violación a sus derechos políticos, y ordenó a las autoridades
venezolanas levantar las sanciones que le impiden postularse a un
cargo de elección. El gobierno venezolano, que está en trámites
para salir de la CorteIDH y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), no ha atendido hasta el momento la petición del
organismo internacional en el caso de López.
