El Ministerio Público logró privativa de libertad para el exfuncionario de la extinta Dirección General de Policía (Digepol), Homero Sánchez Araujo (65), por su presunta responsabilidad en la muerte de la joven estudiante Eslaida Vásquez, ocurrida el 29 de julio de 1973, en Tinaquillo, estado Cojedes.
En la audiencia de presentación, los fiscales 39° y 80° nacional, Juan Carlos Tabares y Elvis Rodríguez, respectivamente, imputaron al hombre por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil, quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República, y uso indebido de arma de guerra. Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por los representantes del Ministerio Público, el Tribunal 1° de Control de Cojedes dictó medida privativa de libertad contra el exfuncionario, quien permanecerá recluido en la sede principal de la policía regional.
De acuerdo con la investigación, el día antes citado, funcionarios de extinta Digepol, entre ellos el hoy imputado, llegaron a la residencia de Vásquez, ubicada en Tinaquillo, y sin mediar palabras le habrían efectuado un disparo a la luchadora social. Al notar que la víctima seguía con vida, Sánchez la habría asfixiado causándole la muerte de manera inmediata.
Luego de varios procedimientos coordinados por el Ministerio Público, el exfuncionario de la Digepol fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, el 1° de marzo en los Valles del Tuy, estado Miranda, en virtud de una orden de aprehensión solicitada por los fiscales y acordada por el Tribunal 1° de Control de Cojedes. Es importante destacar que este es uno de los casos investigados por el Ministerio Público, relacionado con las violaciones de derechos humanos ocurridas entre los años 1958 y 1998.
Vale recordar que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, constituyó una comisión dirigida por la directora de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé; y conformada por fiscales de esa dependencia, asesores y expertos de la Dirección de Asesoría Técnico-Científica e Investigaciones y de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales quienes fortalecen las investigaciones en dichos casos.
